La administración de Donald Trump puso en marcha esta semana una de las mayores operaciones de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, cumpliendo una de las promesas más controvertidas de su campaña electoral. Según la Casa Blanca, en los primeros días de su mandato ya se arrestaron 538 migrantes indocumentados, y cientos fueron deportados a bordo de aviones militares.
Durante su campaña, Trump describió a los migrantes en situación irregular con términos como «salvajes», «animales» y «criminales», marcando una postura dura en materia de inmigración. El presidente reafirmó este viernes que su gobierno dará prioridad a la expulsión de aquellos que califica como «asesinos». “Estos son los primeros que sacaremos”, declaró en un acto en Asheville, Carolina del Norte.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó esta primera acción como «la mayor operación masiva de deportación en la historia». En redes sociales, subrayó: «El presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro al mundo: si ingresas ilegalmente a los Estados Unidos, enfrentarás severas consecuencias».
Guatemala recibió este viernes dos aviones militares con decenas de deportados. Según las autoridades guatemaltecas, los migrantes fueron trasladados al Centro de Recepción de Retornados, donde se prepararon albergues y programas de reinserción laboral para los recién llegados.
A pesar de que las imágenes de las deportaciones muestran a los migrantes ingresando a aviones militares, ni el gobierno estadounidense ni el guatemalteco confirmaron si los pasajeros eran parte de los 538 detenidos esta semana.
Los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) también desataron polémica en algunas ciudades. En Newark, Nueva Jersey, agentes de ICE allanaron un establecimiento de mariscos y detuvieron tanto a residentes indocumentados como a ciudadanos estadounidenses. Entre los detenidos estaba un veterano del ejército.
El alcalde de Newark, Ras Baraka, denunció que las redadas se realizaron sin órdenes judiciales y las calificó como una «violación de la Constitución». «Ninguna de estas personas era un violador o delincuente», expresó Baraka.
En línea con su promesa de campaña, Trump reactivó el programa «Quédate en México», que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer del lado mexicano de la frontera mientras se procesan sus casos. También suspendió la llegada de refugiados, anulando políticas de asilo creadas durante la administración de Joe Biden.
Entre las medidas más polémicas, el mandatario firmó un decreto que desafía el principio de ciudadanía por nacimiento, aunque esta orden está temporalmente bloqueada por un juez federal.
Si bien los vuelos de deportación no son exclusivos de esta administración, la operación masiva de Trump ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. Bajo el mandato de Biden, entre junio y diciembre de 2024, se registraron más de 860 vuelos de repatriación, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
A pesar de la dureza de estas medidas, la ONU advirtió sobre posibles violaciones al derecho internacional, recordando que el asilo es un derecho humano universalmente reconocido. «Los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, pero deben respetar los derechos humanos», señaló la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.
En Estados Unidos, los migrantes pueden ser expulsados si ingresaron ilegalmente, cometieron delitos o quebrantaron las leyes migratorias. Según organizaciones como ACLU, los migrantes detenidos tienen derecho a solicitar asistencia legal y a permanecer en silencio hasta contar con representación adecuada.
Los detenidos que no logran pasar los controles migratorios iniciales suelen enfrentar órdenes de deportación acelerada, mientras que otros deben esperar su proceso en centros de detención. Algunos pueden apelar las decisiones o solicitar asilo, aunque los criterios de elegibilidad son estrictos.
Con estas medidas, la administración Trump busca enviar un mensaje contundente sobre su enfoque hacia la inmigración. Sin embargo, la aplicación de políticas tan estrictas ha generado fuertes críticas de sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, que instan a una gestión más humana y basada en principios de derechos fundamentales.
