El intendente Javkin denunció vínculos con narcos entre laboratorios investigados y acusó al Estado por habilitar a firmas con pasado penal y estructura aún activa.
ROSARIO – La Municipalidad de Rosario se presentó oficialmente como querellante en la causa que investiga la muerte de 54 personas por el uso de fentanilo contaminado en hospitales y clínicas. La decisión fue impulsada por el intendente Pablo Javkin, quien sostuvo que los responsables detrás de los laboratorios involucrados tienen vínculos directos con el narcotráfico y conexiones pasadas con el escándalo de la efedrina.
La presentación judicial apunta contra HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., empresas que según Javkin “tienen vínculos con el narcotráfico” y operan con continuidad estructural respecto del extinto laboratorio Apolo, protagonista de la explosión química ocurrida en Rosario en 2016.
El escrito de 18 páginas entregado ante el juzgado federal de Ernesto Kreplak detalla la participación de personas como Ariel García Furfaro, Jorge Salinas, Damián García y otros ex directivos de Apolo, quienes evitaron condenas en su momento a través de salidas alternativas. Ahora vuelven a aparecer como parte de sociedades habilitadas por organismos nacionales para proveer medicamentos a hospitales públicos, entre ellos el HECA.
“Esto no es casual. Es una estructura que nunca dejó de operar. Cambian el nombre, pero son los mismos actores”, sostuvo Javkin. “No vamos a tolerar mafias con sello farmacéutico en Rosario”.
El foco de la denuncia se centra en fentanilo contaminado que ingresó al sistema hospitalario mediante licitación pública y que fue utilizado en terapias intensivas del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El medicamento se adquirió a través de una droguería autorizada, sin contacto directo con el laboratorio fabricante.
Tras la alerta emitida por la ANMAT, el municipio retiró de circulación todas las ampollas comprometidas. De las 300 dosis adquiridas, una parte ya había sido utilizada al momento de la notificación.
El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, explicó que los medicamentos fueron adquiridos en proceso legal, siguiendo los pasos habituales que impone la ley para toda administración pública. “No hay forma de que un municipio verifique uno por uno los lotes que entran. Esa responsabilidad es de los organismos nacionales”, dijo, y adelantó que evalúan iniciar acciones por daños y perjuicios por el impacto operativo y presupuestario.
La denuncia va más allá de las responsabilidades comerciales. En el escrito se menciona que Jorge Salinas, vinculado hoy a Ramallo SA, estuvo investigado en la causa de la efedrina por sus nexos con Mario Segovia, apodado “el Rey de la Efedrina”. Ariel García Furfaro, además de figurar en Ramallo, fue abogado defensor del propio Segovia en esa causa.
La Municipalidad argumenta que existe un esquema de operadores que, pese a su prontuario judicial, sigue contando con habilitaciones nacionales para importar sustancias delicadas como el fentanilo. “Después del caso Apolo, ¿cómo puede ser que esta gente siga produciendo medicamentos?”, cuestionó Javkin.
Rosario como querellante: respaldo legal y político
La presentación busca que el municipio pueda colaborar activamente con la Justicia, aportar información y exigir penas ejemplares. “Es un caso que afectó directamente a nuestros hospitales, nuestra gente y nuestros recursos. No nos vamos a quedar mirando”, sostuvo el intendente.
El escrito remarca que el HECA fue víctima directa del episodio, con pacientes que recibieron ampollas adulteradas. Por eso, la participación del Estado local se justifica no solo por una cuestión política, sino por responsabilidad institucional directa.
Desde el juzgado de Kreplak se dictaron medidas cautelares: inhibición de bienes, prohibición de salida del país y suspensión de actividades para firmas vinculadas al clan García Furfaro. También se avanzó con la Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito de Fentanilo, integrada por el Ministerio de Seguridad, Salud, ANMAT y ARCA.
La frase fue clara y contundente: “Vamos a ir a fondo contra todo el esquema mafioso en este tema”. Javkin dejó en claro que la intención no es solo pedir justicia, sino apuntar a las estructuras que permiten que estas redes sigan operando bajo el paraguas de laboratorios legales.
El intendente también hizo hincapié en el rol del Estado nacional: “La ANMAT no puede mirar para otro lado. Es hora de auditar con seriedad a quiénes se les permite importar y distribuir drogas de alta sensibilidad”.
Rosario ya formalizó su rol como parte querellante. La provincia de Santa Fe, el Hospital Italiano de La Plata y el Ministerio de Salud nacional también analizan sumarse, aunque su presentación aún no ingresó formalmente.
La decisión de Javkin marca un giro: no solo denuncia, sino que exige un cambio profundo en el sistema de fiscalización y habilitación de laboratorios. “Esto no es una fatalidad. Es consecuencia de mirar para otro lado durante años”, dijo, y cerró: “No vamos a permitir que Rosario vuelva a ser tierra fértil para la impunidad”.
