KIEV: Miles de ucranianos salieron a las calles para pedir que se vete una ley que, según sostienen, pone en peligro la independencia de los órganos clave en la lucha contra la corrupción.
Miles de manifestantes se concentraron en Kiev, Lviv, Odesa y otras ciudades de Ucrania para reclamar que el presidente Volodímir Zelenski rechace la aprobación de una norma que modifica la supervisión de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). La legislación, aprobada por el Parlamento, plantea que ambos organismos quedarán bajo la supervisión directa del fiscal general, un cargo de designación política, lo que según la oposición debilita la autonomía de estas instituciones esenciales.
El proyecto de ley otorga al fiscal general la facultad de supervisar investigaciones, decidir la continuidad de causas y determinar qué expedientes avanzar o archivar, lo que ha generado rechazo en la sociedad civil y dentro de los mismos organismos anticorrupción. La medida es considerada un retroceso en el combate contra la corrupción que Ucrania ha impulsado desde 2014.
Las protestas son las más importantes contra el gobierno desde el inicio de la guerra con Rusia en 2022 y contaron con la participación de activistas, familiares de víctimas de corrupción y grupos de la sociedad civil que exigieron proteger la independencia del sistema anticorrupción. Carteles con leyendas como “Vetar la ley” y “Proteger el sistema anticorrupción, proteger el futuro de Ucrania” fueron protagonistas en las concentraciones.
Organismos internacionales como Transparencia Internacional advirtieron que la nueva normativa afecta la confianza en el Estado y los compromisos asumidos con países aliados. Además, la Unión Europea expresó su profunda preocupación porque la autonomía de NABU y SAPO es un requisito clave para la adhesión de Ucrania al bloque y para recibir ayuda financiera y militar.
La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, calificó la norma como un “grave retroceso” y recordó que el Estado de derecho es fundamental para avanzar en las negociaciones de ingreso a la Unión Europea. Además, representantes del G7 y la Comisión Europea enviaron mensajes a Kiev para exigir correcciones y preservar la independencia institucional.
Los líderes de NABU y SAPO alertaron que sus organizaciones perderían autonomía y capacidad para investigar hechos de corrupción vinculados al poder político.
En respuesta, Zelenski defendió inicialmente la aprobación y firma de la ley, pero aseguró estar dispuesto a realizar modificaciones para garantizar la autonomía de ambas instituciones. Señaló que su gobierno permanece “abierto al diálogo” y planea presentar cambios que puedan mitigar las críticas, aunque las manifestaciones continúan y la presión social no cesa.
La continuidad de las protestas expone la tensión entre la voluntad política y las demandas de transparencia pública en Ucrania, justo en un momento clave para su integración europea y el respaldo internacional en medio del conflicto con Rusia. Analistas señalan que Zelenski deberá negociar ajustes reales para mantener el apoyo occidental y asegurar la estabilidad política interna.
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