Diputados y senadores de Unión por la Patria acusaron al Gobierno de avanzar sin respaldo legal y afirmaron que el decreto presidencial vulnera la división de poderes y la institucionalidad.
BUENOS AIRES – La defensa del decreto 383/25, que modifica el régimen interno y operativo de la Policía Federal Argentina, generó una jornada de alta tensión en el Congreso Nacional. Representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, enviados por la ministra Patricia Bullrich, participaron de una reunión de la Comisión Bicameral de Control de Organismos y Actividades de Seguridad Interior, donde fueron duramente cuestionados por legisladores de la oposición.
Los funcionarios Diego Fleitas Ortiz de Rozas, director nacional de Transformación Institucional, y Federico Tassara, a cargo de la Dirección de Ingreso y Carrera, fueron los encargados de exponer la postura del Poder Ejecutivo ante diputados y senadores de distintos bloques. Ambos justificaron la validez del decreto en el marco de las facultades delegadas por la reciente Ley Bases, pero la defensa no convenció al peronismo, que no tardó en señalar una presunta extralimitación del Poder Ejecutivo y anticipó el posible rechazo legislativo.
El primero en abrir fuego fue el diputado José Glinski, vicepresidente de la comisión y dirigente de Unión por la Patria, quien recordó que durante el debate de la Ley Bases en el Congreso se había eliminado de forma expresa la emergencia en materia de seguridad, por lo que el decreto carecería de sustento legal. "Hubo una acción deliberada del Congreso para retirar esa potestad. Las reformas que presentaron son ilegales porque violan los límites impuestos por el propio cuerpo legislativo", sostuvo Glinski.
El funcionario Ortiz de Rozas argumentó que el decreto se inscribe dentro del objetivo de "modernizar, profesionalizar y ordenar el funcionamiento interno" de la Policía Federal, y que se elaboró “reproduciendo contenidos ya presentes en otras normas vigentes, como el Código Procesal Penal y leyes policiales anteriores”. Sin embargo, más adelante reconoció que el decreto introduce “potestades nuevas” y que la reforma fue “más profunda”, lo que reforzó las sospechas sobre un avance que excede las competencias conferidas por el Congreso.
Otro punto caliente fue el uso del decreto como vía exclusiva, en lugar de impulsar un proyecto de ley. En ese sentido, el diputado Juan Marino preguntó con ironía por qué no se eligió el camino parlamentario: “¿Tanto miedo tenían al debate? ¿Por qué no mandaron esto al Congreso?”. La inquietud fue compartida por Carolina Gaillard, quien directamente anticipó que su bloque ya se encuentra en condiciones de votar el rechazo del decreto en el recinto: “Está viciado de nulidad, es inconstitucional y vulnera principios elementales del federalismo y la legalidad”, lanzó la legisladora entrerriana.
El cruce más duro vino de parte del jefe de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien apuntó a la debilidad institucional que deja la reforma: “Dicen que las vienen a fortalecer, pero las debilitan. Las dejan expuestas, sin respaldo jurídico ni control. Esto es más inseguridad, no menos”, afirmó, y concluyó con una advertencia política: “Este decreto está a tiro de ser anulado por mayoría simple en ambas cámaras”.
Sin respaldo amplio, el oficialismo quedó aislado
Pese al clima adverso, el oficialismo mantuvo su postura a través de la exposición del legislador libertario Santiago Pauli, quien en su intervención sorprendió al comparar sin matices los crímenes de la última dictadura militar con las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia del COVID-19. "Me atrevo a dudar que ese consenso hubiera existido si se hubieran enviado proyectos. Nadie se hubiera animado a aprobar esto como ley", argumentó, dejando entrever la estrategia del Ejecutivo de avanzar por decreto para evitar resistencias parlamentarias.
La reforma contenida en el decreto 383/25 abarca aspectos centrales del funcionamiento de la Policía Federal Argentina, incluyendo estructura interna, régimen de carrera, potestades operativas, escalafón, asignaciones, traslado de personal y condiciones disciplinarias. También redefine funciones y jerarquías, con un diseño más centralizado y orientado a un modelo verticalista. Estas modificaciones comenzaron a regir de inmediato, sin mediación del Congreso.
Sin embargo, como toda norma dictada bajo facultades delegadas, el decreto debe ser analizado por ambas cámaras del Congreso, que cuentan con la posibilidad de ratificarlo o rechazarlo. La estrategia del oficialismo apuntaba a ganar tiempo y aplicarlo en el hecho, pero el amplio rechazo expresado en la comisión deja en evidencia que el Ejecutivo no contaría con los votos necesarios para sostenerlo.
Los legisladores opositores coincidieron en que las formas utilizadas por el Gobierno muestran desprecio por el debate institucional. “Están imponiendo un cambio de fondo sin discusión. Este Congreso fue marginado en una reforma que afecta derechos, deberes y estructuras de nuestras fuerzas federales”, expresó un senador de la comisión, que pidió reserva.
Por el momento, el Ministerio de Seguridad no ofreció declaraciones públicas tras la áspera reunión, aunque voceros internos señalaron que no se piensa dar marcha atrás. En paralelo, desde sectores del oficialismo se activaron contactos informales con bloques aliados para evitar que el decreto se trate en las próximas sesiones ordinarias, al menos hasta encontrar un mejor escenario político.
Mientras tanto, la reforma ya rige en los hechos, pero con cuestionamientos judiciales en puerta. Organismos de derechos humanos y gremios del personal policial civil preparan amparos para frenar la implementación, mientras el Congreso se prepara para votar su posible derogación.
F: gs (Congreso Nacional, declaraciones en Comisión Bicameral, Infobae)
