Las empresas estadounidenses en Argentina manifestaron su preocupación por la decisión del gobierno de Javier Milei de designar jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión, advirtiendo que esto podría afectar la seguridad jurídica, la confianza empresarial y la previsibilidad económica necesarias para atraer inversiones.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) emitieron comunicados expresando su desacuerdo con la medida. Aunque reconocieron que la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla es constitucional, remarcaron que se trata de una decisión extraordinaria y transitoria, lo que podría generar incertidumbre en el ámbito judicial y económico.
Desde AmCham señalaron que esta determinación "puede opacar los esfuerzos del Gobierno en materia económica y demorar la recuperación del país", haciendo hincapié en que la seguridad jurídica es "un pilar fundamental para la competitividad y el crecimiento sostenido".
Por su parte, IDEA consideró que la medida "debilita la calidad de las instituciones y contradice los valores republicanos", instando a que se respete el proceso constitucional tradicional para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema.
Uno de los principales cuestionamientos del sector empresarial es que la designación en comisión, sin la validación del Senado, podría derivar en una nulidad de sentencias y generar incertidumbre sobre la estabilidad de los magistrados. "La falta de reglas claras erosiona la confianza de los actores económicos y aleja inversiones necesarias para el desarrollo del país", remarcaron.
A su vez, advirtieron que la justificación oficial –que el Senado está en receso y no aprobó los pliegos– "no parece el camino más adecuado", dado que falta menos de una semana para el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.
Mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) optaron por no manifestarse públicamente sobre la cuestión, IDEA sí tomó posición y exhortó a los poderes del Estado a garantizar la estabilidad institucional.
En su comunicado, la entidad remarcó la importancia del diálogo y el debate en el Senado para la aprobación de los pliegos, y llamó a la clase política a "fortalecer la institucionalidad, condición indispensable para atraer inversiones y garantizar el desarrollo económico".
El pronunciamiento de AmCham cobra especial relevancia en el contexto del alineamiento que Milei ha buscado con el expresidente estadounidense Donald Trump. En este sentido, las empresas norteamericanas advirtieron que la designación transitoria de jueces puede afectar la previsibilidad necesaria para la llegada de capitales extranjeros, lo que podría generar dudas sobre la estabilidad del sistema judicial y la validez de futuras sentencias.
Si bien el decreto presidencial se ajusta a lo establecido en la Constitución, la forma en que se implementó generó preocupación en el sector empresarial, que ahora espera una rápida definición del Senado sobre los pliegos de los magistrados propuestos.
