BUENOS AIRES: El Poder Ejecutivo inició una reestructuración profunda en la Procuración del Tesoro tras confirmar la venta de documentación confidencial vinculada al litigio internacional por la expropiación de YPF.
La situación fue advertida este martes, cuando desde el Gobierno se detectaron operaciones de filtración y posible comercialización de archivos de alto valor en la causa judicial que mantiene al Estado argentino frente a fondos buitre, especialmente Burford Capital, en tribunales de Estados Unidos. A raíz de la investigación, la administración nacional dispuso avanzar con la disolución de áreas internas de la Procuración del Tesoro, recayendo la responsabilidad administrativa en el procurador Santiago Castro Videla, quien permanece en su cargo.
Las medidas tienen como objetivo desmantelar los sectores administrativos señalados como posibles fuentes de la fuga de información, aunque por el momento no se conocen los detalles precisos sobre el contenido de los archivos filtrados. Entre las acciones implementadas, que ya incluyeron despidos y reubicaciones en el organigrama, la procuración mantiene bajo investigación el recorrido de la documentación y la implicancia de funcionarios o empleados en el hecho.
La defensa legal del país en el caso YPF y otros litigios estratégicos está a cargo del estudio Sullivan & Cromwell, cuyos profesionales representan también a figuras influyentes en el escenario internacional. Desde el Gobierno señalan que el equipo jurídico está liderado por uno de los abogados asociados a Donald Trump, aunque la preocupación ahora se centra en el efecto que podría tener la filtración en la estrategia nacional, ya que esa información podría exponer la forma de operar y los recursos del Estado argentino en tribunales extranjeros.
Las fuentes oficiales reconocen la gravedad del hecho, ya que la Procuración del Tesoro administra causas millonarias, entre ellas la de YPF, donde se discute el destino del 51% de las acciones. La filtración, de confirmarse la venta, podría representar un daño concreto al patrimonio público, razón por la cual no se descarta avanzar con denuncias penales según evolucione la investigación.
En paralelo, la Justicia estadounidense otorgó una suspensión administrativa a la orden de entregar las acciones de YPF a los fondos demandantes, lo que da un respiro para organizar la defensa, aunque el país debe presentarse ante la corte de apelaciones antes del 22 de julio. La administración nacional sostiene que la reestructuración es una respuesta a la búsqueda de transparencia en el manejo de la información estratégica y que no habrá tolerancia para quienes vulneren la confidencialidad institucional.
La Procuración del Tesoro cuenta con un plantel de más de 240 empleados y administra un presupuesto superior a los 8.600 millones de pesos, con presencia en seis direcciones nacionales. La estrategia de defensa en el litigio por YPF sigue bajo supervisión directa de las autoridades, quienes buscan resguardar la posición argentina en un escenario internacional complejo y de alta tensión.
Las acciones de la Procuración y la Casa Rosada apuntan a reforzar los controles internos y evitar nuevas filtraciones, en un contexto de máxima tensión por la exposición patrimonial y la incertidumbre jurídica que afronta la Argentina en litigios multimillonarios.
