La reciente decisión del gobierno danés de elevar la edad jubilatoria a 70 años para los nacidos después del 31 de diciembre de 1970, encendió alarmas y abrió un nuevo capítulo en el debate previsional europeo. Pero su resonancia no quedó allí: en Argentina, donde el sistema jubilatorio arrastra una profunda crisis, la discusión volvió al centro de la escena, anticipando posibles reformas de largo alcance impulsadas por el actual gobierno.
La medida, que será aplicada de manera progresiva hasta alcanzar su implementación total en 2040, se basa en dos factores clave: el aumento sostenido en la esperanza de vida y el deterioro financiero de los sistemas de retiro. Hoy, la edad jubilatoria en Dinamarca es de 67 años, y el cronograma prevé elevarla a 68 en 2030 y a 69 en 2035.
Esta lógica —que conecta longevidad con sostenibilidad fiscal— es compartida por diversos gobiernos europeos, que ya aplican o proyectan ajustes similares. Francia, Alemania, Italia y España vienen discutiendo variaciones en sus regímenes previsionales, en un contexto de tensión social, déficits crecientes y baja natalidad.
Argentina: entre las jubilaciones mínimas y la promesa de reformas
En el caso argentino, el debate previsional no es nuevo, pero sí urgente. La imagen de jubilados protestando cada miércoles frente al Congreso Nacional se volvió un símbolo de la crisis de un sistema de reparto que exhibe signos de agotamiento. La caída del poder adquisitivo, la falta de aportes regulares y la presión inflacionaria han desbalanceado por completo las cuentas del sistema.
Uno de los elementos más cuestionados fue la decisión de incorporar a millones de personas sin aportes completos mediante moratorias, una medida de corte inclusivo pero que desfinanció el régimen. Según el oficialismo, estas decisiones, sumadas a una estructura laboral rígida, conforman un cóctel explosivo que pone en jaque la sustentabilidad del sistema.
El presidente Javier Milei ya adelantó que cualquier cambio en el régimen previsional deberá ir de la mano con una reforma laboral profunda, que permita crear incentivos de empleo formal. En paralelo, prometió al Fondo Monetario Internacional presentar una propuesta de transformación previsional antes de diciembre de 2026, como parte del acuerdo por el desembolso de 20.000 millones de dólares.
Reforma laboral como antesala
En ese marco, se discuten iniciativas que buscan modificar puntos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, con foco en una mayor autonomía para las partes y en limitar la intervención del Estado. Desde el sector empresarial, se exige flexibilización en horarios, tareas y formas de contratación, con la esperanza de dinamizar el mercado laboral y reducir la informalidad.
Estas propuestas son resistidas por sindicatos, pero cuentan con apoyo de gobernadores que firmaron el denominado “Acta de Mayo”, donde se incluyeron compromisos de avanzar en reformas estructurales.
Propuestas mixtas y la sombra de las AFJP
En paralelo, el debate técnico gira en torno a la posibilidad de volver a un esquema mixto, combinando aportes obligatorios con fondos de capitalización. Tras la eliminación de las AFJP en 2008, el sistema estatal de reparto asumió el control total del régimen, pero los problemas estructurales persisten.
Expertos como Jacqueline Maubré, de Criteria, plantean que el actual modelo “podría volverse insostenible si no se redefine la forma de financiamiento”. En ese sentido, sugiere avanzar hacia un régimen de contribución definida, con aportes proporcionales de trabajadores y empleadores, gestionados en fondos comunes con reglas claras.
Por su parte, Jorge Colina, del instituto IDESA, subraya la necesidad de cambios en el sistema tributario y la eliminación del esquema de coparticipación como parte de una reforma más amplia. Laura Caullo, desde la Fundación Mediterránea, indicó que se deberían establecer escalas progresivas de beneficios para evitar que quienes realizaron aportes regulares reciban el mismo haber que quienes accedieron por moratoria.
Jubilaciones mínimas y pérdida de poder adquisitivo
El deterioro en los ingresos jubilatorios es otro dato insoslayable. De acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), entre 2021 y 2024 el haber medio perdió un 25% de su poder de compra, mientras que quienes perciben la mínima registraron una pérdida del 28%. Esta caída se explica, en gran parte, por la desvalorización de los bonos compensatorios, que no se ajustan con la inflación y terminan erosionando aún más los ingresos de los sectores más vulnerables.
La experiencia danesa, con su modelo de previsión atado a la esperanza de vida, pone presión sobre los países que aún no han abordado la reforma previsional, y Argentina, con un sistema crónicamente desfinanciado, parece estar más cerca que nunca de ese punto de inflexión.
