El canciller venezolano, Yvan Gil, aseguró que 4.200 tropas de Estados Unidos están listas para ingresar a Venezuela y exigió el retiro inmediato de militares y embarcaciones desplegadas.
Durante una reunión regional, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela denunció que esas tropas norteamericanas se encuentran “listas y preparadas para invadir” su territorio. Además, reclamó la salida de ocho buques ubicados en las cercanías de las costas venezolanas. Gil sostuvo también que existe en la región “la presencia en el Caribe de un submarino nuclear” que, a su juicio, “viola no solo la zona de paz” declarada en 2014 “sino que también estaría violando” el Tratado de Tlatelolco de 1967, acuerdo que estableció a América latina y el Caribe como zona libre de armamento nuclear.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), formada en 2010 e integrada por 33 países, funciona como mecanismo de concertación política y diálogo sin la presencia de Estados Unidos ni Canadá. La canciller de Colombia, en su intervención, recordó que “la Celac nació para hablar con voz propia, hoy esa voz debe decir sin ambages: rechazamos la lógica de intervención, reafirmamos la carta de las Naciones Unidas, exigimos que toda preocupación legítima se canalice por vías diplomáticas y multilaterales”. El pronunciamiento fue leído como una señal de respaldo al reclamo venezolano y como advertencia ante un escenario de escalada militar.
Mientras tanto, en el otro extremo del planeta, la peor ola de protestas en años sacude a Indonesia y mantiene en alerta a su gobierno. Las movilizaciones, que comenzaron de forma pacífica, derivaron en violentos enfrentamientos con saldo de al menos ocho muertos. La situación interna indonesia captó la atención de la comunidad internacional, en un contexto donde la inestabilidad política suele repercutir en la región Asia-Pacífico.
El domingo se produjeron escenas de máxima tensión cuando el ejército se desplegó para custodiar el palacio presidencial, al tiempo que saqueadores irrumpían en una vivienda de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati. En paralelo, la Policía Nacional confirmó la detención de más de 3.000 personas en todo el país, con epicentro en la capital, Yakarta. El clima de represión se intensificó tras la muerte de Affan Kurniawan, un motociclista de transporte compartido, atropellado por un vehículo blindado policial en medio de un enfrentamiento con manifestantes.
Los estudiantes y sectores sindicales encabezaron los reclamos contra un subsidio mensual de vivienda de 50 millones de rupias (unos 3.000 dólares) otorgado a los legisladores, cifra que supera diez veces el salario mínimo promedio. “El poder adquisitivo de la gente es bajo y estamos pasando apuros aquí”, declaró Daniel Winarta, del Instituto de Asistencia Legal de Yakarta. En ese marco, creció el malestar contra lo que consideran un abuso de privilegios mientras la mayoría de la población enfrenta dificultades para sostener su economía doméstica.
El presidente Prabowo Subianto, que asumió en octubre de 2024 con promesas de combatir la corrupción, enfrenta su mayor crisis desde que llegó al poder. A pesar de haber anunciado recortes en los beneficios de los legisladores, ordenó al ejército y a la Policía tomar medidas duras contra los manifestantes. Prabowo afirmó que algunas expresiones de violencia se asemejan a actos de terrorismo y traición, postura criticada por organismos internacionales. Amnistía Internacional consideró “excesivo” catalogar la protesta social con esos términos y denunció un intento de criminalizar la disidencia.
El movimiento “Gelap Indonesia” (Indonesia Oscura), iniciado en febrero de 2025 contra reformas que ampliaban espacios de poder a los militares, se convirtió en el canal de múltiples reclamos sociales. Desde entonces, se registraron episodios de violencia policial, cuestionamientos a programas de asistencia y protestas contra medidas tributarias que buscaban aumentar el impuesto a la propiedad hasta un 250 % en algunas ciudades.
Analistas como Andreas Harsono, de Human Rights Watch, advirtieron que el creciente malestar social podría derivar en intentos de destituir al presidente. Harsono recordó que “ha pasado menos de un año, pero hemos presenciado como mínimo tres protestas importantes desde octubre de 2024”, en referencia a las recientes manifestaciones, además de las marchas por el Día del Trabajo y el Día de la Independencia. Para sectores opositores, el descontento popular no es circunstancial sino estructural y podría erosionar aún más la estabilidad de su gestión.
Los sucesos en Venezuela e Indonesia tienen puntos de contacto en cuanto a la tensión generada por la intervención militar y la represión interna. En Caracas se denuncia la presión de potencias extranjeras sobre su soberanía, mientras que en Yakarta los cuestionamientos giran en torno a la deriva autoritaria y la falta de respuestas a la crisis económica. Ambos escenarios son seguidos de cerca por organismos multilaterales y gobiernos que temen un efecto contagio en sus respectivas regiones.
La crisis indonesia, marcada por el choque entre promesas de cambio y descontento ciudadano, y la denuncia venezolana sobre movimientos militares en el Caribe, muestran un escenario global donde la diplomacia y el respeto a la legalidad internacional vuelven a estar en discusión.
