CIUDAD DE LA HAYA: La decisión abre una vía inédita para que las naciones busquen reclamaciones legales por daños vinculados al cambio climático, aunque con desafíos en la atribución de responsabilidades.
El máximo tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, emitió un fallo que permite a los países demandarse entre sí por cuestiones relacionadas con el cambio climático, especialmente por las emisiones históricas de gases que impulsan el calentamiento global. Esta resolución, aunque no vinculante desde el punto jurídico, marca un precedente de importancia y puede impactar en futuras negociaciones internacionales.
Uno de los jueces advirtió que será complejo determinar con claridad quién es responsable de qué parte del cambio climático, dada la naturaleza global y multifactorial del fenómeno. Esto introduce un gran desafío para la aplicación práctica de la potestad que ahora se reconoce a los Estados para presentar litigios climáticos.
El fallo es considerado un triunfo para las naciones más vulnerables al calentamiento global, muchas de ellas pequeñas islas o países en desarrollo que han denunciado la lentitud y la insuficiencia de la respuesta internacional. Estas naciones, afectadas directamente por fenómenos climáticos extremos, elevaron la cuestión a la CIJ tras años de frustración por la demora en la acción global.
El origen del caso ante el tribunal tiene una faceta singular: fue impulsado en 2019 por un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho de las islas del Pacífico, quienes evidencian la dimensión humana y generacional del reclamo. Su iniciativa buscó responsabilizar a los principales emisores y demandar un compromiso real en la reducción de gases de efecto invernadero.
Aunque la sentencia no obligatoría legalmente a ningún país, los especialistas coinciden en que puede generar presión política y jurídica con repercusiones significativas sobre la gobernanza global climática, incentivando acuerdos y cambios de políticas ambientales.
Este nuevo escenario legal refuerza la idea de que la crisis climática trasciende el ámbito técnico y político, colocándola también en el plano judicial como una cuestión de justicia internacional. La decisión impulsa un debate clave sobre la responsabilidad y la equidad entre Estados ante un problema que afecta a toda la humanidad, pero con impactos desiguales.
