El juez dijo que no acreditaron titularidad de fondos y que no hay datos en ARCA ni Migraciones; apelarán ante la Cámara Federal.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de dos ciudadanos bielorrusos para ser aceptados como querellantes en la causa que investiga el caso $LIBRA, al considerar que no acreditaron de manera suficiente ser los titulares de los fondos que dicen haber perdido y que, además, no hay registros verificables sobre ellos en bases oficiales argentinas. La decisión ya fue apelada y ahora la última palabra la tendrá la Cámara Federal.
Los solicitantes son Sviatlana Krasutskaya, quien sostiene haber perdido US$ 1.768.079, y Vladislav Lapchenko, que reclama US$ 240.048. En conjunto, el planteo supera los US$ 2 millones, monto que intentaron incorporar formalmente al expediente en calidad de particulares damnificados para poder intervenir activamente en la investigación penal.
En su resolución, Martínez de Giorgi sostuvo que no se probó fehacientemente la titularidad de las billeteras digitales desde las cuales se habrían realizado las operaciones vinculadas al token investigado. Según surge del expediente, los denunciantes informaron direcciones de wallets —entre ellas del ecosistema Phantom— y acompañaron registros de movimientos, pero para el juzgado la documentación aportada no permitió vincular de manera indubitable esas direcciones con sus identidades civiles.
El punto no es menor. En el sistema procesal argentino, la figura del querellante exige demostrar un perjuicio directo y concreto. No alcanza con invocar una pérdida económica: debe acreditarse que quien reclama es efectivamente el titular de los activos involucrados y que existe una relación inmediata con el hecho bajo investigación. Para el magistrado, en este caso esa conexión no quedó acreditada con el grado de certeza requerido en esta etapa.
A ese argumento se sumó otro elemento que el juez consideró relevante: no se encontraron registros de los ciudadanos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, ni constancias en la Dirección Nacional de Migraciones. Esa ausencia de información oficial fue incorporada como un dato adicional al analizar la consistencia del planteo, aunque sin afirmar que por sí sola invalide la presentación.
En la resolución también aparece la aplicación de un “enfoque basado en riesgo”, criterio habitual en materia de prevención de lavado de activos. En ese marco, el juez hizo referencia al contexto internacional vinculado a Bielorrusia y a la necesidad de extremar estándares de verificación cuando se trata de operaciones transnacionales y activos digitales de difícil identificación nominal. El fallo no atribuye conductas ilícitas a los reclamantes, pero sí plantea que el tribunal debe contar con elementos objetivos suficientes antes de otorgarles legitimación procesal.
La defensa de Krasutskaya y Lapchenko anticipó que apelará ante la Cámara Federal, donde insistirá en que las transacciones pueden rastrearse en la blockchain y que la falta de registros en organismos argentinos no puede ser un obstáculo para inversores extranjeros que operaron de manera remota. La discusión, en definitiva, gira en torno al estándar probatorio exigible para reconocer a víctimas en delitos vinculados a criptoactivos.
El expediente por $LIBRA investiga presuntas irregularidades en torno a la promoción y posterior desplome del token, que dejó pérdidas millonarias y abrió interrogantes sobre responsabilidades penales, movimientos financieros y eventuales beneficios indebidos. En paralelo, el juzgado continúa con medidas técnicas para analizar transferencias, trazabilidad digital y documentación bancaria.
La resolución sobre la admisión de querellantes no define el fondo del asunto, pero sí delimita quiénes podrán impulsar activamente la causa. Con la apelación en marcha, será la Cámara la que determine si los bielorrusos logran ingresar al proceso como damnificados o si el rechazo de primera instancia queda firme
