En plena pelea por el canon del langostino, con advertencias de intimaciones y una causa judicial que escaló a la arena política, Gustavo González (CAFACH) negó un choque frontal con el Gobierno provincial, pero denunció una campaña mediática. Y reclamó por una presión fiscal cercana al 40% y la falta de obras en el puerto de Rawson.
En el centro del ruido quedó la denuncia del dirigente de ATE Trelew, José Severiche, por una supuesta maniobra para impedir el inicio de clases: un episodio que, hasta el momento, no pudo comprobarse y que se encuentra bajo investigación. Desde La República ya habíamos adelantado que circulaba un borrador para adhesión a querella, y ese texto terminó siendo difundido oficialmente por el Gobierno provincial al día siguiente a las 8.00, en una señal política que aceleró el impacto del caso. Con teléfonos y registros bajo secuestro y la causa en pleno trámite, el expediente pasó de lo judicial al plano político: la denuncia se instaló en la agenda antes de que existan conclusiones y se convirtió en un nuevo factor de presión sobre el sector.
En la entrevista, González buscó correr la escena del “conflicto” directo con el Ejecutivo y habló de “una doble mirada de la actualidad”. Dijo que hay diálogo con funcionarios, pero advirtió que cuando el sector detecta decisiones que considera inconsistentes, la cámara “tiene la obligación” de marcarlas en público, aunque eso genere enojo político.
El dirigente ubicó un primer quiebre en el antecedente de los permisos y los movimientos alrededor de Red Chamber y otras empresas, y sostuvo que el rechazo del sector tuvo que ver con el intento de avanzar con licencias “sin consensos” y sin discusión suficiente sobre el recurso. Pero el punto que encendió la mecha fue el canon: cuestionó que se haya llevado la referencia a 3.000 pesos, en un año que describió como de ajuste interno para sostener actividad y empleo.
En las últimas horas, se sumó un dato que en el sector miran con recelo: capturas de la Biblioteca de Anuncios de Meta muestran la intencidad de publicaciones patrocinadas -además de las salidas especiales al aire por TN- desde una fanpage llamada “La Provincia Online”, con decenas de piezas que replican el caso Carpintero y lo asocian a empresarios pesqueros y al supuesto intento de frenar el inicio de clases. La pauta, con montos y alcance consignados en esos anuncios, alimentó la lectura interna de que no se trató solo de cobertura periodística sino de una campaña empujada con dinero para amplificar el tema.
