El gremio docente alerta sobre un derrumbe salarial comparable a 2001, el Gobierno anunció un aumento en cuotas que los sindicatos consideran insuficiente y hasta provocador.
La universidad pública atraviesa una semana marcada por un paro nacional de docentes y no docentes, con continuidad en distintas modalidades para las próximas semanas. Los gremios buscan visibilizar lo que califican como una situación insostenible, con salarios en niveles de pobreza e incluso indigencia. Según el informe difundido por la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la caída en el poder adquisitivo recuerda al derrumbe posterior a la crisis de 2001.
En ese documento, la AGD sostuvo que para recomponer lo perdido desde noviembre de 2023 se necesita un incremento del 45,8% sobre el salario bruto de julio de este año. Y para recuperar los niveles de 2015, el ajuste debería ser de un 84,3%. La comparación grafica el deterioro: entre noviembre de 2023 y julio de 2025, los salarios universitarios se desplomaron 31,4%.
El Ministerio de Capital Humano anunció en redes sociales que los trabajadores universitarios recibirán un 7,5% en cuotas hasta noviembre, además de una suma fija por única vez de 25 mil pesos para dedicación exclusiva, 12.500 para semiexclusiva y 6.250 para simple. El 70% de los docentes tiene dedicación simple, por lo que percibirá la suma más baja.
Desde AGD-UBA respondieron: "¿De qué aumento hablan?". Para el gremio, la oferta oficial es apenas "humo" porque mantiene a los trabajadores con salarios de pobreza. Recordaron que un cargo simple no llega a los $250.000 y, en el caso de docentes con menos de diez años de antigüedad, ni siquiera recibirán incremento por la garantía salarial vigente.
Conadu Histórica resolvió sostener paros de 48 horas rotativos durante las próximas tres semanas: 21 y 22, 26 y 27 de agosto, además de 1 y 2 de septiembre. Esto implica que el inicio de la cursada se verá interrumpido en gran parte del país. La federación también impulsa la construcción de una tercera marcha nacional para llenar las calles contra la política de ajuste del Gobierno.
Por su parte, Conadu adhirió a una semana de paro sin continuidad y los gremios nucleados en la CGT (Fedun y Fatun) sólo convocaron a la medida del lunes pasado. La falta de unidad en el frente gremial genera tensiones, aunque todos coinciden en que el recorte salarial pone en riesgo la universidad pública.
El informe de AGD advierte que más de 10 mil docentes en todo el país ya renunciaron a sus cargos ante el derrumbe salarial. El pluriempleo, las jornadas interminables y la migración a otras actividades son las alternativas de supervivencia, lo que impacta directamente en los equipos de investigación y enseñanza que tardaron años en formarse.
La estrategia del Gobierno, según los gremios, apunta a asfixiar a la universidad pública para vaciarla desde adentro. La comparación con otros momentos históricos refuerza la perspectiva gremial: "la organización docente permitió conquistas fundamentales como la media canasta familiar en 1986, el freno al ajuste en 1999, la recuperación salarial en 2005, el boleto educativo en 2018 y las masivas movilizaciones de 2024", resalta el informe.
La disputa se da en paralelo a la media sanción en Diputados de la Ley de Financiamiento Universitario. El oficialismo ya adelantó que si la norma se aprueba en el Senado, será vetada. Para el Gobierno, son los trabajadores universitarios, jubilados, personas con discapacidad y familias los que generan “déficit fiscal”.
Este cruce profundiza la tensión en torno al rumbo de la educación superior en el país. Para los gremios y buena parte de la comunidad académica, no se trata sólo de salarios sino de defender la universidad pública, el derecho al estudio y la permanencia de los estudiantes en un contexto de becas congeladas y sin boleto educativo.
La estrategia sindical se encamina a ampliar la unidad con otros sectores que también resisten el ajuste. Se mencionan las luchas del Hospital Garrahan, los despidos en empresas como Secco y Georgalos en la Provincia de Buenos Aires, la defensa del CONICET y el reclamo del colectivo de personas con discapacidad y de los jubilados.
La consigna que se extiende es articular un frente común para enfrentar los vetos y el recorte del oficialismo. La idea de una tercera marcha nacional refleja ese objetivo: sumar la fuerza de estudiantes, trabajadores de la salud, ciencia y técnica, junto a la comunidad universitaria.
