Justicia: Un relevamiento expuso la magnitud de los vínculos previos de los jueces y renovó la discusión pública sobre la autonomía institucional del tribunal más importante de la provincia.
Un estudio nacional realizado por Ruido y CONNECTAS en las 23 provincias argentinas y CABA confirma que el 64% de quienes conforman las Cortes supremas provinciales presentaban conexiones con gobiernos locales antes de ser designados. En Chubut, la situación es más marcada: cinco de los seis miembros de la máxima instancia judicial tenían antecedentes de cercanía con el poder político o funciones estatales recientes antes de llegar al cargo.
Los datos muestran que la Corte de Chubut está compuesta mayoritariamente por jueces que previamente ocuparon roles ejecutivos, legislativos o asesorías jurídicas ligadas a gobiernos provinciales. Solo una de las magistradas, Camila Lucía Banfi Saavedra, no registra antecedentes laborales directos con el Ejecutivo local. Su caso contrasta con el resto de sus colegas: Javier Gastón Raidan fue asesor en la Cámara de Diputados de Buenos Aires y cuenta con avales del PJ, Ricardo Alberto Napolitani ejerció como Fiscal General vinculado a “Chubut Somos Todos”, Silvia Alejandra Bustos tuvo funciones en organismos sociales con respaldo de la UCR y el PJ, Mario Luis Vivas fue asesor legislativo nacional y Andrés Giacomone ocupó la Fiscalía de Estado promovido por una alianza partidaria provincial.
El 83% de los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut exhibe algún tipo de conexión previa con estructuras políticas presentes en la provincia, un esquema que se repite en jurisdicciones como San Juan, La Rioja y San Luis, donde prácticamente toda la corte está formada por exfuncionarios públicos. El proceso de designación en Chubut—propuesta del Ejecutivo, acuerdo legislativo—no limita que existan estos nexos y, según expertos, refuerza la percepción social sobre la falta de autonomía judicial.
Mientras tanto, especialistas señalan que la confianza pública en la justicia es baja en la Argentina, ubicándose en torno al 22%. La sociedad mira con desconfianza el mecanismo de nombramiento de jueces y sus eventuales condicionamientos, un fenómeno que se agrava en contextos de alta politización.
La realidad chubutense se enmarca dentro de una tendencia nacional, donde la mayoría de los magistrados accedió al máximo tribunal provincial tras haber transitado cargos clave en el aparato estatal. Si bien no existen restricciones legales a este tipo de designaciones, persiste la preocupación sobre la verdadera capacidad del Poder Judicial para investigar y controlar al poder político de turno.
F: gs (Ruido, Connectas, Datawrapper)
