La medida de fuerza alcanza a más de 8 millones de alumnos en todo el país. Los gremios reclaman recomposición salarial y advierten que el conflicto puede profundizarse.
El ciclo lectivo 2026 comenzará con un paro docente de alcance nacional que afecta a 15 provincias y condiciona el regreso a las aulas de aproximadamente 8,5 millones de estudiantes. La medida fue convocada por CTERA y acompañada por UDA, CEA, Sadop y Amet, en reclamo de una actualización salarial y la convocatoria formal a la paritaria nacional.
Las provincias alcanzadas por la protesta incluyen Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro y San Juan. En varios distritos la adhesión sindical supera el 70%, según estimaciones gremiales, lo que compromete el normal inicio del calendario escolar.
El principal reclamo se centra en la pérdida de poder adquisitivo. De acuerdo con los sindicatos, el salario mínimo docente nacional se ubica hoy por debajo de la línea de pobreza y acumula un deterioro real en los últimos años frente a la inflación. Exigen una recomposición inmediata y la actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente, además de una nueva ley de financiamiento educativo.
Desde el Gobierno nacional insistieron en que la discusión salarial corresponde a las provincias, en su carácter de empleadoras. Sin embargo, anunciaron la convocatoria a la Comisión Negociadora del Convenio Marco para intentar encauzar el conflicto. La tensión expone el desacuerdo sobre el rol del Estado nacional en la política educativa y el financiamiento del sistema.
En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazó una oferta de incremento del 3% para febrero y resolvió adherir a la medida. En la Ciudad de Buenos Aires también confirmaron su participación los gremios UTE y Ademys. El impacto es mayor en los distritos con mayor matrícula, donde el paro tiene efecto masivo.
Si no hay una propuesta concreta en las próximas horas, los sindicatos ya anticiparon la posibilidad de nuevas medidas. El inicio de clases se convierte así en el primer gran foco de conflicto social del año, con alcance federal y consecuencias directas sobre millones de familias.
