Desde este lunes, docentes y no docentes frenarán actividades para exigir aumento salarial y más fondos; en varias universidades, el paro se extenderá toda la semana.
El arranque del segundo cuatrimestre en gran parte de las universidades nacionales quedará postergado desde este lunes por una medida de fuerza convocada por gremios docentes y no docentes. La protesta, que en algunas casas de estudio se prolongará toda la semana, exige un incremento salarial y el aumento de las partidas presupuestarias, en medio del debate legislativo por la Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción en Diputados.
La consigna central es “basta de salarios debajo de la línea de pobreza”. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU) señalan que la pérdida de poder adquisitivo supera el 30%, y que hay docentes con hasta cuatro cargos para alcanzar un ingreso que no llega al millón de pesos. El gremio definió el paro en un plenario con 25 organizaciones de todo el país.
En la Universidad de Buenos Aires (UBA), sindicatos como AGD, ADUBA, APUBA, FEDUBA y UTE-CTERA confirmaron que el 11 de agosto habrá paro total, mientras que el 12 se retomarán las clases, aunque con actividades de protesta. Habrá clases públicas, radios abiertas y charlas informativas para visibilizar el reclamo.
En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el secretario general de CONADU, Carlos De Feo, confirmó que el cese se mantendrá toda la semana. La medida impactará también en los colegios preuniversitarios como el Colegio Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, la Escuela Anexa, el Liceo Víctor Mercante y el Bachillerato de Bellas Artes.
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) seguirá un esquema similar: la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) resolvió un paro de cinco días, del 11 al 15 de agosto.
El conflicto se agudizó tras la decisión del Gobierno nacional de otorgar aumentos escalonados al sector: 1,3% en junio, 1,3% en julio, 1,3% en agosto, 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1,1% en noviembre. La mayor parte de estos incrementos se pagará en forma diferida, acumulando los de los tres primeros meses para abonarlos recién con el salario de agosto.
Para los gremios, los porcentajes están muy por debajo de la inflación y no compensan la pérdida salarial de 2024. Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, advirtió que “el Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios” y cuestionó la viabilidad de “un proyecto de país sin educación, ciencia y salud públicas”.
Las expectativas sindicales se concentran en que la aprobación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario permita recomponer salarios, reforzar infraestructura y financiar programas de investigación. El problema: tras un probable veto presidencial, la oposición deberá reunir una mayoría agravada en ambas cámaras para ratificar la norma.
El reclamo no se limita a sueldos. También incluye partidas para gastos corrientes, becas y ciencia y técnica, que sufrieron recortes y demoras. En la Facultad de Sociales de la UBA, por ejemplo, informaron que con recursos propios debieron cubrir limpieza, mantenimiento de ascensores y servicios esenciales, lo que obligará a postergar arreglos e inversiones académicas.
La conflictividad gremial universitaria ya tuvo momentos de alta visibilidad en el primer semestre, con movilizaciones y paros que lograron incrementos parciales de fondos pero no evitaron el veto presidencial. Ahora, a menos de dos meses de las elecciones legislativas, se evalúa organizar una nueva Marcha Federal Universitaria a fines de agosto.
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