El fallo judicial que ordenó bloquear la difusión de audios atribuidos a Karina Milei abrió una tormenta política y jurídica que golpea en el corazón de la libertad de prensa. El Gobierno nacional pidió la medida y la Justicia federal le dio curso: ningún medio puede publicar el material, el portal Carnaval fue bloqueado y dos periodistas quedaron bajo la lupa de allanamientos.
Constitucionalistas lo definen con una sola palabra: censura previa. Y recuerdan que se trata de una práctica expresamente prohibida por la Constitución argentina desde 1853 y por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. “Es una vulneración directa de la libertad de expresión, inaceptable en democracia”, advirtió Daniel Sabsay. Para Cristian Cao, la cautelar es “inédita, desproporcionada y preocupante”, al tratarse de una medida sin plazo definido que apunta contra un derecho colectivo: el acceso a la información.
El golpe simbólico es aún mayor porque proviene de un presidente que se autoproclama “paladín de la libertad”. Javier Milei hizo de ese concepto su marca política, desde su campaña hasta el nombre de su espacio. Sin embargo, en la práctica, el Ejecutivo apela a herramientas judiciales para callar voces críticas. Para sectores opositores, esa contradicción erosiona la legitimidad de su relato: “El gobierno de la libertad es el primero que censura a la prensa desde la vuelta de la democracia”, lanzó un dirigente radical.
La historia argentina recuerda episodios similares, pero siempre ligados a contextos autoritarios. La Revolución Libertadora en 1955 creó la Comisión Visca, con potestad para clausurar diarios opositores y regular el papel prensa. Durante la dictadura de 1976, las redacciones eran vigiladas y las páginas recortadas a gusto de los censores.
En democracia, hubo intentos aislados de censura previa, como en 1992, cuando se quiso frenar un programa de TV y la Corte Suprema lo declaró inconstitucional. Humoristas como Tato Bores también fueron blanco de presiones políticas. Sin embargo, nunca desde el retorno democrático se había dado un fallo que bloqueara expresamente a periodistas y medios de manera preventiva.
La libertad de prensa es piedra basal de cualquier república: garantiza el control al poder político y el debate público informado. Sin ella, la división de poderes queda debilitada y el ciudadano pierde herramientas para ejercer su soberanía. El artículo 14 de la Constitución lo establece de manera inequívoca: “Todos los habitantes de la Nación gozan de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también fue tajante: en casos como La Última Tentación de Cristo en Chile, estableció que la censura previa es incompatible con la democracia. Argentina, como Estado parte, está obligada a respetar ese estándar.
El fallo contra los audios de Karina Milei, en cambio, abre la puerta a una jurisprudencia peligrosa: si se valida este antecedente, cualquier gobierno podría intentar judicializar investigaciones periodísticas incómodas, desde denuncias de corrupción hasta filtraciones de contratos públicos.
Reporteros sin Fronteras ya ubicó a Argentina 21 puestos más abajo en su ranking global, precisamente por el deterioro de la relación entre el poder y la prensa bajo Milei. Amnistía Internacional denunció la selección arbitraria de acreditaciones y la clausura de Télam como parte de una política sistemática de restricción.
La pregunta se instaló con fuerza: ¿en el país que eligió a Milei bajo la bandera de la libertad, se terminó la libertad? La respuesta no es simple. Lo que existe hoy es una libertad condicionada: en terapia intensiva, con respirador artificial, y dependiendo de que la Justicia revierta una decisión que contradice los principios republicanos.
El efecto práctico es evidente: callar a periodistas, intimidar a medios y restringir el acceso ciudadano a información relevante. El riesgo político es que el gobierno quede atrapado en su propia contradicción: predicar libertad y practicar censura.
El futuro inmediato dependerá de la reacción judicial y social. En los años ‘90, la Corte Suprema y la presión ciudadana frenaron intentos de censura. Hoy, las voces republicanas vuelven a reclamar lo mismo: revocar el fallo y garantizar que la prensa pueda informar sin mordazas.
