BUENOS AIRES: Amcham advirtió que el revés judicial en Estados Unidos abre un escenario de incertidumbre, pero sostuvo que el acuerdo bilateral firmado con Argentina incluye compromisos más amplios.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) salió a medir el efecto local del fallo de la Corte Suprema norteamericana que frenó la arquitectura legal usada para sostener aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. En un comunicado, la entidad planteó que la noticia no se puede leer como un episodio aislado: llega en medio de un vínculo comercial en plena negociación fina, con un acuerdo bilateral recién firmado, todavía sin plena vigencia y con etapas institucionales pendientes.
Amcham remarcó que el entendimiento entre Argentina y Estados Unidos “contiene compromisos que trascienden la cuestión arancelaria” y que, en principio, el fallo no debería impactar de manera directa sobre ese texto, aunque dejó abierta la puerta a correcciones técnicas. Según la cámara, el acuerdo espera aprobación legislativa en Argentina y una notificación institucional ante el Congreso estadounidense, dos pasos que, en este contexto, ganaron centralidad.
En ese marco, la entidad que preside Mariana Schoua sostuvo que el escenario es “dinámico” y que requiere seguimiento cercano, sobre todo porque el acuerdo bilateral todavía no entró en régimen y podría verse rodeado de ajustes regulatorios adicionales por parte de la administración estadounidense. El planteo apunta a una preocupación clásica del sector privado: previsibilidad para planificar exportaciones, contratos y costos logísticos en una relación donde las reglas pueden moverse en cuestión de días.
El acuerdo, qué queda en pie
Amcham enumeró los puntos que, según su lectura, permanecen vigentes más allá del ruido judicial. El primer eje es la promesa de Estados Unidos de eliminar aranceles recíprocos sobre 1.675 productos argentinos y otorgar el trato arancelario de Nación Más Favorecida (NMF), un paraguas que define condiciones mínimas de acceso al mercado para los bienes importados. También incluyó la ampliación del cupo de importación de carne bovina hacia el mercado norteamericano, una pieza sensible por su impacto en el complejo exportador.
En paralelo, la cámara advirtió que no todo el universo exportador queda cubierto de la misma forma. Planteó que otros productos exportados a Estados Unidos podrían enfrentar un recargo temporal del 10% ad valorem bajo la Sección 122, que se suma a los aranceles previos al 2 de abril y que, según lo difundido, entra en vigor el 24 de febrero de 2026. Amcham subrayó que se trata de una herramienta prevista por la legislación federal para escenarios de desequilibrio en la balanza de pagos y con carácter transitorio (hasta 150 días, salvo extensión por ley del Congreso).
La Sección 122, excepciones y alcance
La entidad resaltó que el recargo no sería “a ciegas” sobre todo lo que entra a Estados Unidos. En el análisis divulgado se mencionó que el esquema contempla múltiples excepciones —energía, algunos productos agrícolas, farmacéuticos, minerales críticos, bienes aeroespaciales y otros sectores considerados estratégicos— lo que, en la práctica, reduce el alcance generalizado del recargo y abre una discusión producto por producto.
En este punto, el mensaje de Amcham fue claro: el efecto real sobre Argentina no se define solo por el número del recargo, sino por la letra chica de las exclusiones, por la superposición con otros regímenes arancelarios y por la velocidad con la que Washington ajuste su marco normativo. Para exportadores, ese detalle cambia márgenes y puede redefinir si un envío sigue siendo competitivo o queda fuera de mercado.
Reembolsos y litigios: la letra fina del fallo
Otro aspecto que la cámara puso sobre la mesa es qué pasa con los pagos ya realizados bajo los aranceles cuestionados. Amcham señaló que cualquier eventual reembolso derivado del fallo quedaría bajo la órbita de tribunales inferiores y que, en principio, aplicaría solo a los demandantes involucrados, en caso de haberlo solicitado. Es decir: no habría una devolución automática para todos los actores del comercio exterior.
Esa precisión se suma al clima de incertidumbre que dejó la decisión judicial. Otras lecturas públicas sobre el caso indicaron que la Corte estableció límites a la discrecionalidad del Ejecutivo y que la autoridad para fijar aranceles recae en el Congreso estadounidense, un dato que introduce más política interna en cualquier reconfiguración futura de gravámenes.
Una relación bilateral en revisión permanente
Con el telón de fondo del fallo, Amcham insistió en la necesidad de “brindar previsibilidad al comercio” y de consolidar marcos institucionales estables que fortalezcan la integración económica entre ambos países. El argumento es pragmático: sin reglas claras, el intercambio se encarece, se frena la inversión y se multiplican coberturas, seguros y cláusulas de contingencia que terminan pagando empresas y consumidores.
La discusión, además, no se agota en el papel. El acuerdo bilateral firmado entre Buenos Aires y Washington todavía atraviesa instancias políticas y administrativas, y el fallo introduce presión sobre el ritmo y la forma en la que se termine de instrumentar. En el sector privado, el foco está puesto en cuánto de lo anunciado se convierte en norma efectiva y qué parte queda atada a nuevas negociaciones.
