MINNEAPOLIS, EE.UU. – Un nuevo episodio de extrema gravedad volvió a sacudir este sábado a la ciudad de Minneapolis, en el marco de la escalada de operativos federales vinculados a inmigración: Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, enfermero de terapia intensiva y trabajador del sistema de salud para veteranos (VA), murió tras recibir una descarga de disparos durante un violento forcejeo con agentes federales. Organizaciones sindicales, familiares y manifestantes denunciaron un “asesinato”, mientras que autoridades nacionales sostienen que se trató de un procedimiento “defensivo” ante una supuesta amenaza armada.
De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses y autoridades locales, el hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana en el sector de 26th Street y Nicollet Avenue, en el sur de Minneapolis, en una zona donde se desarrollaban acciones de control federal y se registraban protestas por el endurecimiento de la política migratoria. En ese contexto, comenzaron a circular videos tomados por testigos y por teléfonos celulares en los que se observa una secuencia de tensión que culmina con el momento más dramático: Pretti en el suelo, rodeado por varios uniformados, y una ráfaga de disparos.
El dato que generó mayor indignación pública fue el señalado por análisis de imágenes difundidas en las últimas horas: en los registros se escuchan diez disparos en aproximadamente cinco segundos, en una escena que, según sostienen quienes reclaman justicia, muestra a la víctima ya reducida en el piso. “Lo ejecutaron”, insistieron voces de la protesta, mientras crece el pedido para que se publiquen todas las cámaras corporales, las comunicaciones internas y la cadena de decisiones del operativo.
Pretti era ciudadano estadounidense, según confirmaron autoridades locales, y trabajaba como enfermero de UCI en el sistema de salud para veteranos. Compañeros lo describieron como una persona dedicada a su tarea, vinculada a proyectos de investigación y con fuerte preocupación por la situación social en la ciudad. En paralelo, sus familiares reclamaron que se investigue “toda la verdad”, cuestionaron la versión oficial federal y señalaron que Alex se había acercado a la zona del operativo porque “no podía mirar para otro lado” frente a lo que consideraba un uso excesivo de la fuerza.
En contraposición, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los agentes actuaron ante la presencia de un arma. Según esa versión, Pretti habría “aproximado” a los oficiales con una pistola, se habría producido un intento de desarme y, ante la resistencia, uno de los agentes efectuó disparos. Sin embargo, las imágenes difundidas en redes y en informes periodísticos alimentan otra lectura: en varios tramos se observa a Pretti con un teléfono en la mano, filmando, en medio de gritos, empujones y gas irritante. Esa contradicción abrió un frente político inmediato y multiplicó las críticas por el modo de intervención federal en Minneapolis.
El caso impactó también por el contexto: se trata, según reportes oficiales, de una nueva muerte vinculada a fuerzas federales en pocas semanas. A comienzos de enero, otra intervención había terminado con el fallecimiento de Renee Good, en un hecho que ya había encendido protestas y denuncias de militarización. Con la muerte de Pretti, el clima social se tornó aún más tenso y se registraron concentraciones, vigilias y movilizaciones, mientras organizaciones civiles y sanitarias exigen medidas concretas.
Desde el ámbito político local, se conoció que autoridades estatales y municipales expresaron preocupación por el despliegue federal y por la dificultad para acceder a información completa en el lugar del hecho. Reportes periodísticos indicaron que fuerzas federales habrían restringido el acceso a la escena inmediatamente después de los disparos, lo cual fue cuestionado por sectores del gobierno estatal. La situación derivó en pedidos de investigación paralela y en reclamos formales para que la jurisdicción local cuente con acceso irrestricto a toda la evidencia.
En ese marco, se sumó un fuerte pronunciamiento de dirigentes nacionales opositores en Estados Unidos, que calificaron el hecho como “horrífico” y demandaron rendición de cuentas. A la vez, desde el gobierno federal se buscó sostener la idea de que el operativo se desarrollaba en un clima hostil y que los agentes enfrentaban riesgos. La grieta en torno al caso se volvió inmediata: mientras un sector habla de “amenaza armada”, otro insiste en que el video desarma el relato oficial y que la cantidad de disparos revela un accionar letal desproporcionado.
El componente sanitario, además, agregó una capa de conmoción particular. Pretti no era un transeúnte ajeno: era un trabajador de salud. Distintas asociaciones de enfermería expresaron su dolor y remarcaron que “quien se dedicaba a salvar vidas” terminó muerto en un operativo callejero. Ese contraste se volvió un símbolo en redes y movilizaciones, donde se multiplicaron pancartas con mensajes de repudio y reclamos de justicia.
Por estas horas, el foco está puesto en tres puntos: quién disparó, bajo qué protocolo y qué muestran las cámaras oficiales. Familiares y organizaciones reclamaron que el caso no quede encapsulado en comunicados, sino que avance con transparencia y control externo. En tanto, el gobierno federal sostiene su versión de “acción defensiva”, mientras crece la presión por la publicación de registros completos.
Con Minneapolis nuevamente en estado de conmoción, la muerte de Alex Pretti ya funciona como un punto de quiebre: no solo por tratarse de un ciudadano estadounidense, sino por la crudeza del desenlace y por la discusión de fondo que reaviva: el límite del accionar federal en la calle, el uso de la fuerza en operativos migratorios y la necesidad de controles claros. La investigación deberá determinar responsabilidades. La calle, mientras tanto, ya dictó su veredicto político: “fue un asesinato”, repiten quienes marchan, al exigir justicia por el enfermero que murió bajo una lluvia de balas.
