El primer ministro Sébastien Lecornu busca apoyo parlamentario para su presupuesto 2026, mientras crece la presión ciudadana a favor de una tasa a las grandes fortunas.
La propuesta de gravar con un 2% anual los patrimonios de más de 100 millones de euros podría alcanzar a 1.800 hogares fiscales, apenas el 0,01% de los contribuyentes franceses. Su creador, el economista Gabriel Zucman, estima que permitiría recaudar unos 20.000 millones de euros anuales, recursos claves frente a un déficit proyectado del 5,8% del PIB y una deuda pública que supera el 114%.
El centroderechista Lecornu necesita un pacto con los socialistas, que condicionan su apoyo a la inclusión de la tasa y otras medidas de redistribución. Sin ese acuerdo, su gobierno corre el riesgo de repetir el destino de sus dos predecesores, que cayeron al perder votaciones clave.
El antecedente de François Bayrou, cuyo plan con recortes sociales y supresión de feriados fue rechazado, sigue fresco. Ahora, la presión social se suma: el 10 de septiembre miles marcharon bajo el lema “Bloqueemos todo” y para este jueves los sindicatos esperan 400.000 manifestantes en las calles.
El debate excede los cálculos económicos. Para Zucman, “será difícil pedir esfuerzos a los franceses” mientras los ultrarricos no tributen. En cambio, empresarios y sectores de derecha alertan que el impuesto podría provocar fuga de capitales y frenar inversiones.
Entre la urgencia fiscal y el malestar ciudadano, Francia enfrenta un dilema clásico: ajustes que recaen sobre las mayorías o un giro hacia un sistema tributario que exija más a quienes concentran mayor riqueza.
