El DNU de Milei reestructura la SIDE, amplía su poder operativo, habilita detenciones en flagrancia y acceso directo a datos estatales, generando tensión política inmediata. La norma, publicada en el Boletín Oficial, introduce cambios profundos en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y reordena las competencias de los organismos encargados de la seguridad estratégica.
El texto firmado por el presidente Javier Milei argumenta que “la dinámica actual de amenazas y riesgos internacionales requiere un rediseño urgente del sistema nacional de inteligencia”. Con esa justificación, el Ejecutivo dispuso un esquema que centraliza la planificación y ejecución de las tareas de inteligencia bajo la órbita directa de la SIDE, que recupera el rango superior dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Desde ahora, la Secretaría podrá dirigir, coordinar y supervisar las acciones de inteligencia en todo el territorio argentino, con nuevas facultades operativas y administrativas.
El decreto crea además dos estructuras derivadas: la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), orientada a prevenir espionaje y sabotaje tanto interno como externo, y la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), que tendrá a su cargo la protección de infraestructuras críticas, bases de datos del Estado y seguridad digital. Con esta medida, el Gobierno busca integrar en una sola red la información proveniente de organismos públicos, fuerzas armadas y dependencias provinciales.
Una de las disposiciones más comentadas del DNU establece que la SIDE podrá “proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia”, es decir, cuando alguien sea sorprendido cometiendo un delito en el mismo momento. Hasta ahora, esa posibilidad estaba limitada a las fuerzas de seguridad convencionales, como la Policía Federal o la Gendarmería. La nueva norma aclara que la SIDE deberá comunicar de inmediato a las autoridades policiales o judiciales toda detención que realice, pero la decisión habilita su intervención directa en el terreno, algo inédito desde la reapertura democrática.
La medida también faculta a la Secretaría a requerir información a cualquier organismo del sector público nacional, incluidos ministerios, empresas estatales o entes descentralizados, sin necesidad de autorizaciones judiciales previas. Esto implica un salto en su poder de acceso a datos sensibles, amparado bajo la categoría de “información estratégica de seguridad nacional”. Además, se autoriza a la SIDE a proveer su propia seguridad institucional, tanto en sus sedes como en operativos, con personal armado bajo control interno.
En los considerandos del decreto se sostiene que la estructura vigente hasta ahora “no resulta adecuada para la coordinación eficaz de las tareas de inteligencia frente a amenazas emergentes”, en referencia a delitos complejos, terrorismo internacional, narcotráfico y ciberataques. El Gobierno argumentó que los cambios se encuadran dentro de la “necesidad y urgencia”, al entender que el contexto geopolítico no permite demoras legislativas. Según el texto, la medida apunta a “garantizar la defensa de los intereses nacionales, la soberanía tecnológica y la seguridad ciudadana”.
El DNU comenzó a regir de inmediato, aunque deberá ser remitido al Congreso Nacional para su tratamiento por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que evalúa todos los decretos de este tipo. La Constitución establece que el Congreso puede ratificar o rechazar la norma, pero mientras tanto el decreto tiene fuerza de ley plena. Si ambas cámaras lo desaprobaran expresamente, perdería vigencia, aunque históricamente son pocos los DNU que fueron revertidos por el Parlamento.
Desde la oposición surgieron críticas inmediatas. Dirigentes de Unión por la Patria y del radicalismo advirtieron que el Gobierno “legisla por decreto en materia institucional” y que el cambio “aumenta la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en temas sensibles”. Desde el bloque Provincias Unidas se expresó que “sin control del Congreso no hay democracia plena”, y que una reforma de inteligencia “debería discutirse abiertamente en el ámbito parlamentario”. Por su parte, en el PRO se mostraron cautelosos y aseguraron que “esperarán conocer la letra chica antes de fijar una postura definitiva”.
El oficialismo, en cambio, defendió la medida. Voceros presidenciales señalaron que el rediseño “responde a los más altos estándares democráticos y busca modernizar una estructura que no había sido actualizada en dos décadas”. Fuentes de la Casa Rosada explicaron que la SIDE tendrá controles internos y auditorías reservadas para evitar abusos, aunque reconocieron que “por la naturaleza de la actividad, la transparencia total es incompatible con la seguridad nacional”.
En los hechos, el DNU reconfigura el rol del sistema de inteligencia dentro del Estado argentino. La SIDE, creada originalmente en 1946 y disuelta en 2015 tras el caso Nisman -cuando fue reemplazada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)-, vuelve a ocupar un lugar central en la estructura de poder. Su restablecimiento no solo implica un cambio de nombre, sino también una redefinición institucional que amplía las facultades del Estado para intervenir ante amenazas directas.
El texto también redefine las relaciones entre los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, buscando un esquema más coordinado en operaciones conjuntas y fronterizas. En este sentido, se prevé la creación de centros regionales de inteligencia en distintas provincias, bajo supervisión de la SIDE, para recopilar información sobre movimientos ilícitos, contrabando y amenazas cibernéticas.
La decisión del Ejecutivo se inscribe en un contexto donde la seguridad y el control de información se convirtieron en prioridades. En la práctica, el nuevo marco permitirá, por ejemplo, que agentes de la SIDE intervengan si detectan a un individuo transmitiendo datos clasificados en un espacio público, o que puedan acceder directamente a bases de datos estatales para identificar filtraciones de información. Estas atribuciones, sin embargo, abren un debate sobre los límites entre seguridad nacional y libertades individuales.
El Gobierno aseguró que el decreto “no altera las garantías constitucionales”, aunque juristas y organizaciones civiles como el CELS advirtieron que “la vaguedad del texto podría habilitar interpretaciones amplias que afecten derechos básicos de privacidad”. En paralelo, desde el Ministerio de Seguridad se destacó que la nueva estructura “mejorará la capacidad de respuesta ante amenazas reales y actuales, especialmente en el ámbito digital”.
El futuro de la medida dependerá ahora del debate parlamentario, aunque fuentes del oficialismo dan por descontado que el DNU se mantendrá vigente mientras la comisión bicameral no emita dictamen. En tanto, el Gobierno ya comenzó el proceso de designación de autoridades dentro de la SIDE y de las agencias derivadas, con la promesa de “profesionalizar y despolitizar el sistema de inteligencia argentino”.
