BUENOS AIRES: El Ejecutivo nacional confirmó al Fondo Monetario Internacional que se encuentra elaborando cambios en el sistema previsional y prevé presentar un proyecto ante el Congreso en diciembre de 2026.
“Estamos trabajando en la preparación de una revisión integral del sistema previsional, con el objetivo de mejorar su equidad y sostenibilidad. La iniciativa busca simplificar un sistema altamente fragmentado, mejorar la proporcionalidad entre aportes y beneficios y fomentar la formalidad laboral”, expresó el equipo económico en el último memorándum firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo. El documento indica que, para fines del próximo año, se presentará un diagnóstico y una propuesta para su debate parlamentario, en línea con los compromisos asumidos frente al organismo internacional.
El anuncio marca un cambio respecto a las declaraciones del propio presidente Javier Milei, quien meses atrás negó que una reforma jubilatoria estuviese en la agenda prioritaria. Sin embargo, desde el vencimiento de la moratoria en marzo y la negativa de su renovación, la única alternativa para quienes no acreditan 30 años de aportes y cumplen 65 es el acceso a la Prestación Universal para el Adulto Mayor. En paralelo, el Gobierno vetó leyes que otorgaban mejoras al sector, sosteniendo que cualquier modificación con impacto fiscal debe estar debidamente financiada para no comprometer las metas de equilibrio fiscal.
De acuerdo con el criterio de diversos especialistas, la reforma en estudio apunta a homogeneizar o eliminar los más de 100 regímenes que hoy existen, incluyendo cajas provinciales y regímenes especiales, y a instaurar una jubilación proporcional a los años efectivamente aportados, sumada a un beneficio mínimo. Se plantea la implementación de una “Prestación de Retiro Proporcional”, un esquema donde los trabajadores sin la totalidad de aportes accedan a una jubilación reducida respecto al haber mínimo, calculada en proporción a los años declarados.
Economistas consultados consideran que el objetivo oficial busca una mayor transparencia y proporcionalidad entre los aportes de la vida laboral y el haber inicial. Sin embargo, advierten que la elevada informalidad del mercado laboral —donde más del 85% de las personas no reúne los 30 años de aportes completos— pone en cuestión la cobertura y la equidad del sistema, en ausencia de pisos de protección para quienes tienen pocos aportes.
El reciente veto presidencial afectó tres leyes que preveían mejoras para jubilados y pensionados, la extensión de la moratoria y medidas de emergencia social. El aumento rechazado, de haberse promulgado, hubiera elevado el haber mínimo mensual a $441.564 en agosto, sumando los bonos. En la actualidad, el monto mínimo ronda los $314.305 más un bono de $70.000, congelado. Desde el Gobierno argumentan que todos los incrementos deben estar financiados para garantizar el cumplimiento de la meta fiscal del déficit cero.
El deterioro de los haberes jubilatorios se intensificó en los últimos años: la aceleración de la inflación, los cambios de fórmula de movilidad y el congelamiento de bonos provocaron una pérdida acumulada superior al 40% en la capacidad de compra de las jubilaciones desde 2017. A fines de julio, 5 millones de personas cobran el haber mínimo y 1 millón recibe la Prestación Universal para el Adulto Mayor, mientras los litigios previsionales van en aumento por la caída de ingresos.
