El expresidente Álvaro Uribe recibió la pena máxima en un caso que sacude a la política colombiana y afecta el mapa electoral rumbo a 2026.
El lunes se confirmó que el exmandatario colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria, tras ser considerado culpable de obstruir a la justicia y manipular testigos en beneficio propio. La jueza Sandra Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, señaló que la condena será de aplicación “inmediata” para evitar una potencial fuga del país por parte del exlíder de la derecha, quien gobernó entre 2002 y 2010.
Uribe, de 73 años, también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de ocho años y deberá pagar una multa aproximada a 837 mil dólares. Se convirtió, de esta manera, en el primer expresidente condenado penalmente y privado de su libertad en la historia de Colombia. La sentencia fue informada oficialmente después de una filtración mediática previa y, durante la audiencia virtual, el expresidente se mostró visiblemente molesto y enfrentó a la magistrada, que llegó a pedirle silencio para poder continuar con la diligencia judicial.
La resolución judicial –de 1.114 páginas– fijó 91 meses de prisión por soborno en actuación penal, sumando 29 meses más por cometer varios delitos similares y otros 104 meses por fraude procesal, para llegar a los 12 años totales. El fallo determinó que Uribe estuvo detrás de maniobras para que testigos modificaran sus versiones y evitaran cualquier relación entre él y estructuras paramilitares implicadas en crímenes contra civiles durante el conflicto armado. El caso, iniciado en 2012 tras una denuncia contra el senador Iván Cepeda, avanzó tras cambios en la Corte y terminó en la justicia ordinaria cuando Uribe dejó el Senado en 2020.
La defensa, por su parte, anunció una apelación que será presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Si la fecha límite del 16 de octubre no se cumple para emitir una decisión, el proceso quedará archivado. Los abogados insisten en que la sentencia es “politizada” y consideran que el juicio vulneró sus garantías.
La condena reavivó la fractura política: mientras el Centro Democrático, partido que lideró Uribe, convoca marchas en su defensa para el 7 de agosto afirmando su inocencia, figuras del Pacto Histórico y la izquierda celebraron el fallo como “un mensaje de que nadie está por encima de la ley”. El presidente Gustavo Petro, enfrentado a Uribe desde la oposición, fue denunciado por la defensa del exmandatario por “hostigamiento y calumnia”, mientras afuera del juzgado hubo protestas e insultos tanto a favor como en contra del fallo.
El proceso mantiene en vilo la agenda política y judicial del país, con fuertes repercusiones de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.
F: gs (bbc, elpais, infobae, cnn, dw, diariolasamericas)
