MADRID: Tras confirmarse el procesamiento del fiscal general Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos, diversas asociaciones judiciales le instan a evaluar el impacto constitucional y ético de mantenerse en el cargo.
El Tribunal Supremo ratificó el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la causa vinculada a la filtración de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Sala de Apelación, integrada por los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, desestimó el recurso presentado por la defensa de García Ortiz, con un voto particular de Palomo. Las acusaciones solicitan hasta seis años de prisión.
En respuesta, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, destacó la “situación de anomalía absoluta” que genera que García Ortiz sea el superior jerárquico del fiscal que participará en el proceso judicial. Por ello, reclamó una “profunda reflexión” para medir el daño institucional y el impacto constitucional que supone la continuidad del actual fiscal general del Estado, sin menoscabo de su derecho a la defensa.
Francisco Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), coincidió en que es necesario poner en cuestión si un fiscal general puede continuar en el cargo una vez que enfrenta un juicio penal. Destacó que esta situación puede afectar la imagen y funcionamiento del Ministerio Fiscal, generando sospechas sobre las instrucciones que pudiera dar a fiscales que participan en el procedimiento. No obstante, resaltó que el procesamiento confirma que el sistema judicial español opera y que “todos son iguales ante la ley”, aunque señaló que aún falta que el juicio determine la comisión efectiva del delito.
En cambio, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD), consideró “difícil” apreciar un delito de revelación de secretos por el antecedente de que la información ya era conocida por varios medios de comunicación antes de llegarle a García Ortiz, lo que cuestionaría el carácter secreto de los datos. Rodríguez señaló que corresponde evaluar en el juicio oral si el fiscal general actuó conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que le asigna informar a la opinión pública sobre cuestiones de interés social, como la investigación a la pareja de la presidenta madrileña por un presunto delito fiscal.
La confirmación del procesamiento del fiscal general genera un debate sobre la responsabilidad institucional y los límites éticos para quienes ejercen altos cargos judiciales. Las asociaciones de jueces advierten sobre el posible daño a la credibilidad del Ministerio Público y la necesidad de preservar la confianza en el sistema judicial. Mientras se aguarda el desarrollo del juicio, la continuidad de García Ortiz en el cargo sigue siendo objeto de controversia y reflexión dentro del ámbito jurídico.
F: gs (Europa Press)
