Efectivos de la PFA reprimieron a periodistas en la previa del debate en el Senado por la reforma de la ley de glaciares; un camarógrafo de A24 fue asistido y trasladado.
Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) agredieron este jueves a un grupo de trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso, en medio de un operativo de seguridad montado antes de la sesión del Senado en la que se discutirá la reforma de la ley de glaciares. Según relataron testigos, los incidentes incluyeron gas pimienta, empujones y forcejeos mientras cronistas y camarógrafos intentaban cubrir la situación.
El episodio se desató cuando un grupo de activistas de Greenpeace saltó una de las rejas perimetrales del edificio. En ese contexto, y mientras los periodistas se acercaban para registrar el hecho, se produjo la arremetida policial. Desde fuentes oficiales aseguraron que uno de los trabajadores de prensa no quedó detenido, sino que fue llevado a un sector para recibir asistencia médica.
El camarógrafo afectado fue identificado como Facundo Tedeschini, de A24, quien quedó en medio del tumulto y cayó al suelo tras los empujones. Personal del SAME lo atendió en el lugar y luego confirmó que, por lesiones leves y efectos por exposición a gases lacrimógenos, fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.
También resultó herida la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, quien sufrió irritación ocular tras recibir gas pimienta. En paralelo, trabajadores de Crónica denunciaron un accionar similar: el jefe de móvil Roberto Chiappalone y el cronista Facundo Muñoz afirmaron haber sido empujados y rociados con spray lacrimógeno durante el operativo.
Desde el entorno oficial señalaron que se inició un sumario administrativo para determinar si la reacción del personal de la PFA se ajustó a los protocolos. La situación volvió a poner el foco en la seguridad de los equipos periodísticos durante coberturas de alta tensión y en el uso de elementos disuasivos en espacios públicos.
En el Senado, mientras tanto, avanzaba la previa de una sesión marcada por la controversia: la reforma de la ley de glaciares busca modificar el alcance de las áreas protegidas y habilitar un marco con mayor margen para actividades productivas, un punto que organizaciones ambientalistas cuestionan con dureza.
