YPF Nuclear se instala en Chubut para explorar uranio como parte del Plan Nuclear impulsado por el Gobierno nacional
El gobierno nacional formalizó la creación de YPF Nuclear, una nueva empresa estatal bajo la órbita de YPF, con el objetivo de reactivar la minería de uranio en Argentina. El proyecto se enmarca dentro del relanzamiento del Plan Nuclear impulsado por la presidencia de Javier Milei, y tiene a la provincia de Chubut como punto de partida. La iniciativa busca reducir la dependencia de importaciones y volver a poner en marcha la producción local tras casi tres décadas de inactividad.
El anuncio fue acompañado por una reunión en Casa Rosada que convocó al presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, al jefe de Gabinete Guillermo Francos, al titular de YPF Horacio Marín y al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. La conformación institucional de la nueva subsidiaria se está diseñando para que articule con organismos técnicos y provinciales.
YPF Nuclear funcionará como una rama estratégica de la petrolera nacional, apuntada a cubrir toda la cadena productiva relacionada al uranio, desde la exploración hasta la provisión a las centrales nucleares. La intención del Ejecutivo es que Argentina recupere el control sobre este insumo, considerado clave para asegurar el funcionamiento de Atucha I, Atucha II, Embalse y futuros reactores modulares.
Desde 1997, el país no produce uranio de manera comercial. Las centrales se abastecen con material almacenado o importado, lo que limita la autonomía energética. El nuevo esquema oficial busca invertir esta lógica, instalando una estructura nacional de minería bajo control estatal directo.
Además de abastecer el mercado interno, el gobierno proyecta a mediano plazo un rol exportador, en un contexto global donde crece la demanda de combustible nuclear ante la transición energética y los conflictos geopolíticos que afectan a proveedores tradicionales.
El punto de partida será Chubut, donde se concentran ocho de los diecisiete proyectos uraníferos registrados en el país. El más relevante es Cerro Solo, que posee una de las mayores reservas identificadas y estudios geológicos avanzados. También están Laguna Salada y otros prospectos con antecedentes previos.
Sin embargo, la provincia mantiene una ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto, vigente desde 2003. Ese marco legal se consolidó tras las movilizaciones que en 2021 forzaron la derogación de una ley de zonificación que había sido aprobada entre protestas masivas. La oposición social a la megaminería en Chubut es una de las más organizadas del país y anticipa un escenario conflictivo si se intenta avanzar sin licencia social.
Pese a ello, el gobernador Torres dejó abierta la puerta al diálogo, planteando que se pueden revisar esquemas si hay control provincial, beneficios directos y respaldo comunitario. La tensión entre el interés nacional por explotar el uranio y la normativa provincial será uno de los puntos centrales del debate.
El nuevo impulso nuclear se conecta con la estrategia energética general del gobierno, que ya avanzó en inversiones para ampliar la generación eléctrica, negoció acuerdos internacionales para nuevos reactores y busca reducir subsidios mediante mayor eficiencia. YPF Nuclear se suma como herramienta para garantizar el insumo más crítico del ciclo: el uranio.
En este contexto, también se proyecta el desarrollo de tecnología local, como los reactores modulares pequeños (SMR), que requieren trazabilidad total de origen y abastecimiento nacional seguro. La minería del uranio se vuelve así un eslabón indispensable para sostener la autonomía técnica del sistema.
El rediseño del sector también prevé colaboración con la Comisión Nacional de Energía Atómica, las provincias con potencial minero y organismos de control, bajo un modelo centralizado en lo técnico, pero con participación provincial en la gestión.
La aparición de YPF Nuclear abre un nuevo capítulo en la discusión energética argentina, pero también activa un frente político en la Patagonia, donde la minería despierta resistencias profundas. La resolución del conflicto social será clave para definir el futuro del uranio en el país.
