La ministra Bullrich apuntó contra la vicepresidenta por no retirarse de la sesión convocada por la oposición, que busca avanzar con temas rechazados por el Ejecutivo.
"Levántese, Sra. Vicepresidente. No sea cómplice del kirchnerismo", lanzó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en un mensaje directo hacia Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, por haber presidido la sesión impulsada por sectores opositores este jueves.
La frase, publicada en su cuenta de X (ex Twitter), desató una nueva interna en el oficialismo y dejó expuestas las tensiones crecientes dentro de la cúpula libertaria. Según Bullrich, la sesión representa un "golpe institucional" y un aval a "la corporación política más abyecta de la historia". En ese marco, la funcionaria pidió a Villarruel que se aparte del debate y que “no denigre la institución que preside”.
La polémica estalló luego de que la oposición reuniera el quórum necesario con 42 senadores para dar inicio a una sesión especial en la Cámara Alta. Entre los puntos que se buscan aprobar, destacan varios que generan fuerte rechazo en el oficialismo, como un aumento a jubilados, la emergencia en discapacidad, y la prórroga de la moratoria previsional, tres proyectos ya avalados por Diputados y que, de ser aprobados en esta sesión, se convertirían en ley.
Además, se incluyeron otras cinco iniciativas, entre ellas: una reforma en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la redistribución del impuesto a los combustibles entre Nación y provincias, y la insistencia en la ley vetada por el Ejecutivo que declara la emergencia en Bahía Blanca, tras el temporal que afectó a esa ciudad. También figura un pronunciamiento sobre la decisión judicial en Estados Unidos por el caso YPF.
La arremetida de Bullrich contra Villarruel dejó en evidencia el descontento del ala dura del Gobierno con la vicepresidenta, quien optó por no bloquear el funcionamiento del Senado, pese a las presiones. "Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país", reclamó Bullrich, en una frase que acentúa las diferencias con la vice, percibida por algunos sectores libertarios como demasiado institucionalista.
El malestar también se explica por el impacto que tendrían las leyes en discusión sobre las finanzas nacionales. Desde el Ejecutivo remarcan que aprobar estas medidas significaría incrementar el gasto público, en contraposición con el plan de ajuste y déficit cero que impulsa el presidente Javier Milei.
Las declaraciones de Bullrich no pasaron inadvertidas dentro del Congreso. Apenas iniciada la sesión, legisladores de distintos bloques tomaron la palabra para rechazar sus acusaciones y defender el funcionamiento del cuerpo legislativo.
El senador radical Pablo Blanco, representante de Tierra del Fuego, fue uno de los primeros en responder: "¿De dónde salió Patricia Bullrich con esto? En todo caso, el golpe institucional lo están haciendo ellos que hacen caso omiso a lo que este cuerpo vota".
En la misma línea, José Luis Mayans, jefe de uno de los bloques peronistas, afirmó con dureza: "Nadie puede impedir el funcionamiento de uno de los poderes del Estado porque es un delito. Si se impide, es un golpe de Estado, no se puede".
El debate, que comenzó pasadas las 14, se desarrolló con presencia de senadores del peronismo, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. La ausencia del oficialismo fue interpretada como una estrategia para deslegitimar el tratamiento parlamentario de los proyectos.
La situación plantea un escenario de creciente tensión institucional entre el Poder Ejecutivo y el Senado. La vicepresidenta, al frente de la Cámara Alta, optó por cumplir con su rol constitucional y permitir que la sesión se desarrolle. Sin embargo, esa decisión provocó un fuerte rechazo desde el Gobierno nacional, que ya la mira con recelo por sus diferencias tácticas y su independencia.
Si bien Villarruel evitó confrontaciones públicas, su accionar fue leído como una muestra de autonomía frente a la línea más dura del oficialismo, una postura que la distancia aún más del círculo de poder más cercano al presidente Milei.
El episodio suma un nuevo capítulo al complejo entramado político que rodea a la gestión libertaria. Mientras el Gobierno acusa a la oposición de querer forzar leyes que comprometen el rumbo económico, desde el Congreso sostienen que se trata del ejercicio legítimo de sus funciones y rechazan cualquier intento de interferencia.
