El juez Kreplak aguarda los informes del Malbrán y del Cuerpo Médico Forense para definir responsabilidades por muertes atribuidas a fentanilo adulterado en clínicas y hospitales.
La causa judicial por el fentanilo adulterado que ya suma al menos 87 muertes confirmadas y otras bajo análisis entró en una fase decisiva. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak espera los resultados de dos peritajes que podrían definir el rumbo del expediente: uno en el Instituto Malbrán y otro en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Ambos estudios, según señalaron fuentes cercanas a la investigación, son considerados claves para determinar cómo se produjeron los lotes contaminados y si el vínculo con los fallecimientos es directo. El expediente busca establecer si las deficiencias detectadas en la producción fueron errores de control, negligencia o adulteraciones intencionales. La lupa está puesta sobre los lotes 31202 y 31244, distribuidos en decenas de clínicas y hospitales del país antes de que se ordenara el retiro.
El Malbrán trabaja sobre los batch records, documentos que reúnen cada detalle de la producción. Allí constan los insumos, las fechas de elaboración y las personas que intervinieron en el proceso. El juez pidió a los peritos determinar si los registros cumplen con las normas o si existen omisiones, adulteraciones o manipulaciones de información. El objetivo es reconstruir paso a paso cómo salió al mercado un medicamento que terminó administrado en cirugías, terapias intensivas y tratamientos en todo el país. Si los registros presentan irregularidades quedará en evidencia la responsabilidad del laboratorio encabezado por Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y de Laboratorio Ramallo.
En paralelo, el Cuerpo Médico Forense analiza historias clínicas de pacientes fallecidos tras recibir fentanilo. El trabajo apunta a establecer con rigor científico si la droga adulterada fue la causa directa de los decesos. En análisis preliminares ya se habían hallado bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en ampollas retiradas. La confirmación de que esos agentes fueron detectados también en organismos de las víctimas permitiría cerrar el círculo de pruebas entre el producto contaminado y las muertes. Los forenses deberán precisar además si los síntomas registrados en los pacientes coinciden con los efectos provocados por esas bacterias.
El caso está rodeado de tensión política. El presidente Javier Milei exigió públicamente que Kreplak disponga la detención de García Furfaro, a quien considera responsable directo del desastre sanitario. Lo hizo mediante un comunicado oficial en el que advirtió que si no avanza en ese sentido evaluará promover el apartamiento del magistrado. El juez respondió con dureza: “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”. El cruce entre el Ejecutivo y el magistrado generó ruido en los tribunales aunque la ministra de Seguridad Patricia Bullrich elogió a Kreplak, al que calificó de “juez probo” y destacó la comunicación permanente con las fuerzas federales que colaboran en la causa.
El empresario García Furfaro intentó despegarse señalando como responsable a un exempleado, Andrés Quinteros, con militancia en el PJ de San Nicolás. El hombre rechazó la acusación y se puso a disposición de la Justicia. A su vez, salieron a la luz sus vínculos con el expresidente paraguayo Horacio Cartes, en cuyo país instaló un laboratorio en Ciudad del Este. Estos datos abren la sospecha de que además del desvío de calidad por las adulteraciones hubo también un desvío de cantidad, es decir, un posible circuito paralelo para comercializar fentanilo en el mercado ilegal.
De las más de 300.000 ampollas distribuidas en el país, unas 45.000 fueron aplicadas en pacientes antes de que se dispusiera el retiro. El resto fue secuestrado en allanamientos y permanece bajo custodia judicial mientras se revisan inventarios de hospitales y clínicas de varias provincias. La Anmat, que debía controlar la producción, quedó bajo cuestionamientos. Su titular, Agustina Bisio, reconoció públicamente fallas en los controles de los laboratorios de García Furfaro. El ministro de Salud, Mario Lugones, pidió de manera formal la detención del empresario y acompañó la querella del Estado en el expediente.
En tribunales afirman que el resultado de los dos peritajes es decisivo. El informe del Malbrán definirá cómo se elaboró la droga, qué pasos se incumplieron y quiénes intervinieron. El estudio del Cuerpo Médico Forense determinará si las muertes responden al fentanilo adulterado o si hubo otros factores. Con esos datos el juez podrá decidir si imputa por homicidio a los responsables de la producción o si la causa se limita a adulteración de medicamentos. En cualquier escenario los informes marcarán el futuro de la investigación.
Los organismos estatales que colaboran en el expediente, desde el Malbrán hasta las fuerzas de seguridad federales, aseguran que trabajan en sintonía con el juzgado. El Gobierno, pese a sus choques públicos con Kreplak, también tiene participación activa como querellante. La expectativa es que con los resultados en mano la Justicia determine hasta dónde llegan las responsabilidades por la peor crisis vinculada a un medicamento en la historia reciente de la Argentina.
