BUENOS AIRES: Con la Resolución 400/2025, el Gobierno nacional puso fin a casi dos décadas de un mercado eléctrico fuertemente intervenido y administrado, dejando atrás el rol centralizador de CAMMESA y recuperando el principio de precios marginales basados en la oferta y la demanda. La reforma inicia el 1º de noviembre con el objetivo de restablecer competencia, transparencia y sustentabilidad.
La medida elimina los precios fijados por el Estado y los subsidios generalizados que distorsionaron las señales económicas, frenaron inversiones y generaron dependencia del gasto público. CAMMESA dejará de concentrar la compra de combustibles y contratos para pasar a ser un administrador del mercado con funciones de despacho y proveedor de última instancia.
El nuevo esquema establece libre contratación y un mercado a término de energía y potencia para que generadores, distribuidores y grandes usuarios negocien precios libremente. Además, se crea la figura de Generación Asignada y Generación al Spot, diferenciando centrales con contratos o control estatal y plantas que competirán en el mercado.
La Resolución impulsa un sinceramiento gradual de los precios hacia los costos marginales de generación, lo que implicará la reducción de subsidios y un impacto tarifario que requerirá un manejo cuidadoso para evitar saltos abruptos. El proceso de normalización se prevé en 24 meses con una transición ordenada, pero los especialistas advierten sobre la complejidad para sostener el equilibrio económico y social.
Esta reforma representa el mayor cambio en el sector eléctrico desde su privatización en los ’90 y busca atraer inversión privada, mejorar la calidad del servicio y asegurar un acceso sostenible a la energía. Sin embargo, quedan interrogantes sobre la capacidad del Estado para acompañar la transición en un contexto económico delicado y con la volatilidad del tipo de cambio.
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