Fiscalía federal avanza sobre el círculo de César Milani tras la desclasificación de archivos secretos de inteligencia militar durante el kirchnerismo.
La investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman sumó en las últimas horas un giro clave: el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó citar a 90 militares que integraron el área de inteligencia del Ejército mientras estaba al mando César Milani. La decisión se tomó luego de que el Ministerio de Defensa enviara documentación, ahora desclasificada, que detalla nombres, funciones y movimientos de personal que actuó bajo estructuras sensibles del poder militar.
Las convocatorias, que podrían extenderse en una segunda etapa, incluyen a efectivos que reportaban directamente a Milani, jefe del Ejército durante buena parte del gobierno de Cristina Kirchner. Según pudo saberse, las citaciones se concretarán a partir del mes próximo y fueron posibles gracias al acceso a material clasificado que el actual Gobierno ordenó liberar.
La gestión de Javier Milei, a través del Ministerio de Defensa y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), desclasificó legajos, comunicaciones y documentos reservados que estaban bajo secreto desde hace más de una década. Parte de ese contenido fue remitido a la fiscalía, que trabaja en la reconstrucción del entorno militar e institucional del fiscal fallecido.
Inteligencia cruzada y vínculos bajo la lupa
La causa, delegada por el juez federal Julián Ercolini, sostiene desde hace años la hipótesis de que Nisman fue víctima de un homicidio planificado dentro de una disputa interna entre sectores enfrentados del espionaje argentino. De un lado, el histórico agente Antonio "Jaime" Stiuso, desplazado en diciembre de 2014; del otro, el grupo liderado por Fernando Pocino, con respaldo de la entonces Casa Rosada.
El Ministerio de Defensa aportó listados de personal de inteligencia militar con actividad durante ese período, y la fiscalía cruza esos datos con las más de 45.000 llamadas telefónicas en análisis. Ya se identificaron 500 líneas pertenecientes a agentes, exfuncionarios, miembros de fuerzas armadas y operativos de inteligencia. En ese cruce aparecen contactos frecuentes con figuras que luego quedaron en el centro del caso.
Nisman apareció muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. Cuatro días antes, había denunciado a Cristina Kirchner por encubrimiento en la causa AMIA. Pero más allá del móvil político, la Justicia también apunta al comportamiento posterior de funcionarios y fuerzas de seguridad que ingresaron a la vivienda tras el hallazgo del cuerpo.
Según el expediente, más de 40 personas pasaron por el departamento durante las horas siguientes. Entre los imputados formales figuran el exsecretario de Seguridad Sergio Berni, su colaborador Darío Ruiz, el exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y el extitular de Prefectura Luis Heiler. Todos están acusados de haber alterado o no conservado debidamente la escena del crimen.
Un informe técnico de la Gendarmería Nacional, realizado sobre la base de pericias forenses, concluyó que el fiscal fue asesinado por al menos dos personas. El análisis indicó que fue reducido con ketamina, y luego uno de los atacantes le disparó mientras el otro lo sostenía. Esa versión invalidó la hipótesis inicial de un suicidio, que ya había sido descartada por la Cámara Federal en 2017.
Los peritos detallaron que la postura del cuerpo, la dirección de las gotas de sangre y la forma en que apareció el arma indican una puesta en escena. Además, se determinó que la pistola que usó Lagomarsino para entregarle el arma a Nisman fue “arma amiga”, indispensable para simular una muerte autoinfligida.
Milani y la estructura de inteligencia del Ejército
César Milani, quien condujo el Ejército hasta 2015, había centralizado el manejo de áreas de inteligencia internas que operaban en paralelo con sectores de la SIDE. Según el nuevo material remitido por Defensa, varios de los militares bajo su mando participaron en tareas de recolección, análisis e interceptación de comunicaciones durante los meses previos y posteriores a la muerte de Nisman.
Los fiscales creen que dentro de esa estructura se coordinaban acciones de seguimiento y contrainteligencia que pueden haber influido directa o indirectamente en la dinámica que derivó en el crimen. Algunos de esos oficiales aparecen conectados con celulares utilizados durante el fin de semana del hecho y mantenían vínculos con ambos bandos de la interna de espías.
En ese tablero, la fiscalía identificó a dos nombres como puentes clave entre los grupos de Stiuso y Pocino: Alberto Mazzino, ligado históricamente a Stiuso, pero con contacto fluido con Pocino, y Alejandro Mota, operador cercano a este último, que mantuvo comunicaciones constantes con personal de campo ese fin de semana.
Los registros telefónicos indican que hubo llamadas cruzadas entre ambos grupos en las horas previas al hallazgo del cuerpo. Para los investigadores, esos intercambios podrían contener pistas sobre el nivel de conocimiento previo, encubrimiento o participación directa en los hechos.
La Justicia considera que la muerte de Nisman fue producto de un entramado que incluyó maniobras previas, omisiones deliberadas y una alteración posterior de la escena. La fiscalía avanza con el entrecruzamiento de líneas telefónicas, acceso a archivos secretos y citaciones a militares con roles concretos en inteligencia.
El avance sobre el personal del Ejército, algo postergado por años, reconfigura el mapa de responsabilidades y podría abrir una nueva etapa procesal. Por ahora, el único procesado por el homicidio es Diego Lagomarsino, como partícipe necesario. Pero con los nuevos elementos y declaraciones bajo juramento, no se descarta que la lista de imputados se amplíe.
F: gs (La Nación, TN, Urgente24)
