El Supremo inicia un proceso inédito en Brasil que pone en el banquillo a Bolsonaro y a militares, con repercusión continental y presión externa sobre la justicia brasileña.
El Tribunal Supremo de Brasil inició este martes un proceso judicial inédito contra Jair Bolsonaro, expresidente acusado de encabezar una conspiración golpista para desconocer las elecciones de 2022 y perpetuarse en el poder. Con Lula da Silva ya instalado en la presidencia, la causa pone a prueba la capacidad de la justicia de enfrentar a un exmandatario y a varios altos mandos militares.
Cinco magistrados de la primera sala tienen en sus manos la definición del futuro político y judicial de Bolsonaro y de siete exfuncionarios de peso, en un proceso seguido en directo por millones de brasileños y con repercusión internacional.
Bolsonaro en la mira del Supremo
El líder ultraderechista de 70 años cumple arresto domiciliario en un chalet de Brasilia desde el 4 de agosto. El juez instructor le prohibió el uso de redes sociales, el contacto con autoridades extranjeras y le retiró el pasaporte tras detectar un plan de fuga hacia Argentina. Además, una tobillera electrónica controla sus movimientos y patrullas de policía vigilan su casa.
Pese a estas restricciones, Bolsonaro conserva un núcleo duro de seguidores que lo considera víctima de persecución. El exmandatario insiste en que siempre actuó “dentro de las cuatro líneas de la Constitución” y que “sin líder, sin Fuerzas Armadas y sin apoyo financiero, no hay golpe”.
Los delitos y las pruebas
La Fiscalía General acusa a Bolsonaro de cinco cargos: intento de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. La pena máxima prevista asciende a 43 años de cárcel.
El eje de la acusación es el testimonio de Mauro Cid, exsecretario personal del expresidente, que admitió la existencia del plan a cambio de beneficios procesales. Sus confesiones permitieron a la policía acceder a mensajes y documentos que revelan preparativos del complot, incluido un borrador de decreto para anular las elecciones. En otro documento, se describían planes de magnicidio contra Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes.
Los otros acusados
Junto a Bolsonaro, enfrentan juicio figuras clave de su gobierno: el general Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil; Gustavo Heleno, exministro de Seguridad Institucional; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; el almirante Almir Garnier, comandante de la Marina; los comisarios Anderson Torres y Alexandre Ramagem; y el propio Cid.
El caso de Braga Netto es especialmente resonante: se convirtió en el primer general de cuatro estrellas encarcelado en Brasil, acusado de obstaculizar la investigación.
Un tribunal bajo la lupa
El juez Alexandre de Moraes se consolidó como la figura central de este proceso contra Bolsonaro. Conocido por su dureza frente al extremismo digital, cerró temporalmente la red X en 2024 y mantuvo pulseadas con el bolsonarismo. La Fiscalía, encabezada por Paulo Gonet, respalda la acusación.
El Supremo convocó cinco audiencias —2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre— para escuchar a las partes y votar. El 7 de septiembre, Día de la Independencia, coincidirá con las deliberaciones y promete ser un punto de máxima tensión social, con Lula encabezando el desfile oficial y movilizaciones convocadas por simpatizantes de Bolsonaro.
Trump mete presión desde Washington
El expresidente estadounidense Donald Trump salió en defensa de Bolsonaro y calificó el juicio como “una caza de brujas”. Para reforzar su posición, anunció un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas y sanciones contra jueces del Supremo, en un gesto que desató un conflicto diplomático entre Washington y Brasilia.
“Este juicio no debería estar en marcha. ¡Es una caza de brujas que debe terminar INMEDIATAMENTE!”, lanzó Trump en redes sociales en julio, dejando en claro que seguirá interviniendo en la pulseada.
Impacto regional y sucesión política
Aunque inhabilitado hasta 2030 por un fallo previo, Bolsonaro sigue siendo el jefe político de la oposición a Lula. La expectativa por la sentencia acelera la disputa interna en la derecha, donde tres gobernadores ya prometieron indultarlo si llegan al poder en 2026.
Al mismo tiempo, el bolsonarismo maniobra en el Congreso para impulsar una amnistía que beneficie a más de 1.200 personas ya condenadas por el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes irrumpieron en las sedes de los tres poderes del Estado.
La batalla judicial también repercute en América Latina. Para analistas, el juicio contra Bolsonaro es un “test de fuerza” sobre la capacidad de los tribunales de la región para frenar los intentos autoritarios.
Un veredicto bajo escrutinio
El fallo será público y televisado, como marca la tradición de transparencia del Supremo brasileño. La decisión se toma por mayoría simple: tres de los cinco jueces deberán coincidir para declarar culpabilidad o inocencia. Luego, debatirán las penas.
La jurisprudencia admite apelaciones, aunque especialistas remarcan que son excepcionales y rara vez cambian el resultado. La corte pretende cerrar el caso antes de 2026, año de elecciones generales, para despejar el futuro político inmediato de Brasil.
La cuenta atrás ya empezó y todo indica que este proceso contra Bolsonaro marcará un antes y un después en la política brasileña, con impacto directo en la región y en la relación con Estados Unidos.
