Venezuela: Amnistía Internacional responsabiliza al régimen venezolano tras los comicios presidenciales por convertir las desapariciones forzadas en método de represión política.
La investigación más reciente de Amnistía Internacional, titulada “Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, revela que 15 personas permanecen desaparecidas desde las elecciones de julio de 2024 hasta mediados de este año. La organización califica este delito como crimen de lesa humanidad, subrayando el daño irreparable para las víctimas y el sufrimiento profundo de quienes no logran conocer su paradero.
Mariela Belski, directora para Argentina, remarcó que la crueldad de las desapariciones forzadas excede las fronteras nacionales y requiere una respuesta contundente desde la justicia internacional. Según sus declaraciones, la gravedad de las violaciones debería activar la reacción inmediata de los organismos judiciales globales.
Una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida por fuerzas estatales o actores autorizados por el Estado y posteriormente se oculta información sobre su paradero o destino. Amnistía Internacional indicó que los 15 casos documentados tras las elecciones reúnen estos elementos, en un contexto más amplio de represión frente al resultado anunciado por el oficialismo.
Durante ese periodo, murieron al menos 25 personas, unas 2.200 fueron arrestadas sin base legal, y cientos podrían estar desaparecidas forzadamente.
El informe identifica a tres organismos principales que ejecutan las detenciones: la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Once personas como Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush continúan sin paradero confirmado, mientras que solo cuatro —Alfredo Díaz, Eduardo Torres, Rosa Chirinos y Raymar Pérez— reaparecieron después de varios días o meses desaparecidas. El Foro Penal advierte que otras 46 personas podrían estar en la misma situación.
La mayoría de las detenciones señaladas por Amnistía Internacional carecen de base legal y atienden motivos estrictamente políticos. Las víctimas consisten en manifestantes, opositores, periodistas, dirigentes de organizaciones civiles y activistas. Las autoridades, además de negar información y dejar a las familias sin acceso a la justicia, habrían recurrido en varios casos a la tortura para obtener confesiones.
Tras las elecciones, el gobierno de Maduro anunció la captura de más de 150 “mercenarios extranjeros”, utilizando la retórica política para legitimar estas acciones. Casos como el del ucraniano Yevhenii Trush, detenido en frontera, o los españoles Andrés Martínez y José María Basoa, arrestados sin pruebas ni garantías procesales, fueron resaltados en el informe. El argentino Nahuel Agustín Gallo permanece detenido desde diciembre de 2024 sin cargos ni acceso a defensa, y su caso fue denunciado tanto a la Corte Penal Internacional como a la OEA.
Amnistía Internacional afirma que estas desapariciones forman parte de un ataque sistemático y generalizado a la población civil, alineándose con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y antecedentes de represión estatal denunciados ya en 2019. El informe exige a la Fiscalía de la CPI avanzar en la investigación de estos hechos y solicita respaldo diplomático y jurídico internacional para defensores de derechos humanos y periodistas.
En Argentina, sigue su curso una causa federal dedicada a investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con Amnistía Internacional actuando como amicus curiae para respaldar el avance independiente de la investigación penal contra los responsables.
F: gs (afp, efe, ap, infobae)
