Rosario: el Gobierno nacional reforzó los operativos contra el narcotráfico, con un procedimiento de Prefectura que derivó en allanamientos, detenciones y el secuestro de más de seis kilos de cocaína.
La Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, interceptó un colectivo de larga distancia que había partido de Orán, en la provincia de Salta, y detuvo a una pasajera que trasladaba cocaína en su equipaje. La mujer, de 26 años, llevaba en una mochila seis paquetes rectangulares que, tras los análisis de rigor, dieron positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total superior a los seis kilos. El procedimiento se enmarcó en una investigación coordinada con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), sede Rosario, que siguió los movimientos de la organización desde el norte del país hasta la zona centro.
A partir de la detención en ruta, la Justicia federal ordenó múltiples allanamientos simultáneos en distintas localidades de Santa Fe y Buenos Aires, donde se sospechaba que operaban integrantes de la red. Los operativos se concretaron entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, con personal de la Prefectura de Zona Bajo Paraná, sus dependencias subordinadas y delegaciones de inteligencia. Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios de Alcorta y Máximo Paz, en territorio santafesino, además de una vivienda en la provincia de Buenos Aires.
Como resultado de los allanamientos, tres personas quedaron detenidas: dos hombres y una mujer, vinculados con la logística y el financiamiento de la estructura narco investigada, según fuentes del caso. Los investigadores sospechan que la organización utilizaba el corredor norte del país para abastecer puntos de acopio y distribución en la región, aprovechando el tránsito de pasajeros en micros de larga distancia para intentar eludir controles. En paralelo, se analiza el rol de un preso alojado en una cárcel federal, señalado como posible coordinador del envío de la droga a través de su pareja, la joven detenida en el operativo sobre la ruta.
Durante los procedimientos la fuerza de seguridad secuestró, además de la cocaína, una serie de elementos considerados clave para la causa: armas de fuego de distinto calibre, teléfonos celulares, vehículos y una suma millonaria de dinero en efectivo. Según el detalle oficial, se incautó una importante cantidad de pesos y dólares, junto con una pequeña cantidad de marihuana, que será peritada para determinar su vinculación con la comercialización de estupefacientes. El valor económico total de la droga, el dinero y los bienes secuestrados fue estimado en más de doscientos millones de pesos, lo que para los investigadores refleja la capacidad operativa de la banda.
La causa está a cargo de fiscales federales de la PROCUNAR, que coordina con Prefectura nuevas medidas judiciales y diligencias de investigación para determinar la extensión de la red. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que este tipo de operativos se inscribe en una política de refuerzo de controles en rutas y fronteras, en articulación con la Justicia federal y las áreas de inteligencia criminal. La estrategia, según voceros oficiales, apunta no solo al secuestro de cargamentos de droga, sino también a afectar el poder económico de las organizaciones, mediante el decomiso de bienes y recursos utilizados para la actividad ilícita.
En ese marco, el Gobierno nacional sostiene un discurso de endurecimiento frente al crimen organizado, mientras distintos sectores plantean el debate sobre los recursos presupuestarios destinados a la lucha contra el narcotráfico. Pese a ese contexto, desde Seguridad destacan que se mantendrán los operativos focalizados y el uso de herramientas de inteligencia criminal para identificar rutas, vínculos y movimientos financieros de las organizaciones investigadas.
En las próximas semanas se esperan nuevas medidas judiciales, a partir del análisis de la información obtenida en los teléfonos secuestrados y de los datos sobre movimientos económicos de los involucrados. Los investigadores no descartan que, con esos elementos, se dispongan más allanamientos y detenciones en distintas provincias, con el objetivo de avanzar sobre la estructura completa de la red y sus eventuales conexiones con otras causas abiertas en la región.
