El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, denunció una serie de maniobras fraudulentas cometidas por profesionales y centros médicos en perjuicio de la obra social SEROS. Se detectaron falsificaciones de recetas, firmas, estudios médicos y cirugías facturadas pero nunca realizadas, lo que provocó un grave daño a las arcas provinciales.
En conferencia de prensa, Torres, acompañado por el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Sergio Wisky, el fiscal de Estado, Andrés Giacomone, y el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, confirmó que se presentaron denuncias penales contra prestadores del sistema de salud que incurrieron en distintas irregularidades.
La investigación reveló múltiples casos de fraude y falsificación de documentos, con prácticas indebidas detectadas en toda la provincia, incluyendo Esquel. Según detalló el gobernador, la intervención y auditoría del Instituto permitió un ahorro fiscal superior a los $1.000 millones en una primera instancia.
“Tomamos la decisión de intervenir el instituto y normalizarlo. Se hizo una auditoría cuando notamos que se habían disparado algunas prestaciones y decidimos ir a fondo”, expresó Torres, quien remarcó que los responsables deben pagar las consecuencias legales y perder sus matrículas.
Entre los casos más graves detectados, figura el de una médica psiquiatra, quien entre noviembre y diciembre de 2024 facturó consultas psiquiátricas inexistentes en nombre de afiliados que nunca fueron atendidos. Además, prescribió recetas para medicamentos que no eran necesarios, utilizándolas para retirar fármacos en distintas farmacias.
Esta maniobra habría generado un perjuicio de $1 millón a la obra social. La profesional fue denunciada por falsificación de documentos privados (art. 292 C.P.), fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 C.P.) y uso indebido de identidad (art. 296 C.P.).
Otro caso alarmante involucra a un cardiólogo, quien en noviembre de 2024 registró en la historia clínica de un paciente una cirugía que nunca se llevó a cabo.
El paciente ingresó al sanatorio para un procedimiento percutáneo, pero horas después se le informó que la intervención no había sido necesaria. Sin embargo, al solicitar su historia clínica, descubrió que el procedimiento figuraba como realizado, con todos los documentos formales correspondientes.
Las pericias de Auditoría Médica confirmaron el engaño, y la denuncia penal contra el profesional incluye los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
Uno de los casos más impactantes es el de un traumatólogo, quien emitió más de 1.700 prescripciones médicas en un período reducido de tiempo, incluyendo imágenes, materiales y prácticas médicas en volúmenes muy superiores a los demás especialistas de la provincia.
Ante esta situación, SEROS decidió dar de baja al profesional, al confirmarse que sus maniobras fraudulentas generaron pérdidas millonarias para la obra social.
Otro caso de alto impacto fue detectado en un centro de diagnóstico por imágenes de Esquel, donde se comprobó que se falsificó la firma y la matrícula de un auditor de ISSyS para prescribir estudios médicos, principalmente resonancias magnéticas.
El fraude incluyó 159 estudios realizados de manera irregular, lo que representó un perjuicio de $21 millones. La investigación apunta a la falta de controles internos dentro del Instituto, lo que permitió que estas maniobras se mantuvieran en el tiempo sin ser detectadas.
El gobernador no dejó dudas sobre la determinación del gobierno provincial para sancionar a los responsables.
“No solo vamos a hacer las denuncias penales correspondientes, sino que queremos que esos estafadores dejen de trabajar en SEROS, paguen las consecuencias legales, les quiten las matrículas y vayan presos”, enfatizó Torres.
El procurador general Jorge Miquelarena destacó la importancia de la investigación:
“Es una buena noticia que esto se destape, porque la obra social es de los afiliados y somos muchos los perjudicados en esta provincia”, señaló, subrayando la gravedad de los delitos de corrupción y su impacto en la sociedad.
Desde el ISSyS, su presidente Sergio Wisky explicó que estos casos representan solo 4 de un total de 16 ya detectados, y que se seguirán revisando otros prestadores.
La Agencia de Delitos contra la Administración Pública continúa investigando, y se espera que en los próximos días se formalicen nuevas imputaciones. Paralelamente, el gobierno provincial anunció que se reforzarán los controles en SEROS, para evitar que este tipo de fraudes se repitan en el futuro.
