La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de financiamiento universitario, impulsado por distintos sectores opositores, y ahora la discusión pasa al Senado, con expectativa de sanción definitiva.
Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, los diputados otorgaron media sanción a la iniciativa que eleva el presupuesto universitario al 1% del PBI y establece una actualización automática por inflación para garantizar el funcionamiento pleno de las universidades nacionales. Solo faltó un voto para alcanzar los dos tercios y así blindar la ley ante un eventual veto presidencial, escenario que quedó planteado tras el rechazo explícito de Javier Milei.
La mayoría de la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda respaldaron el proyecto, que responde al pedido del Consejo Interuniversitario Nacional. El PRO, en cambio, en línea con su reciente alianza con La Libertad Avanza, se expresó en su mayoría en contra o se abstuvo. Incluso entre sus propias filas hubo tres votos favorables, reflejando la tensión interna. El radicalismo mostró fisuras, pero aportó miembros clave al quórum y la aprobación.
El texto aprobado busca remediar el atraso salarial de docentes y no docentes, calcula una diferencia del 31%, actualiza las becas y contempla un refuerzo especial para carreras estratégicas y hospitales universitarios. La ley determina que el presupuesto será actualizado bimestralmente por inflación desde enero de 2025 y otorga competencia a la Auditoría General de la Nación para control externo de gastos.
El oficialismo, a través de referentes como Gabriel Bornoroni y Álvaro Martínez, criticó la medida por considerar que pone en riesgo el objetivo fiscal central del gobierno y no define con precisión el origen de los fondos. El presidente Milei, a través de redes sociales, advirtió que “el superávit fiscal no se negocia” y anticipó la posibilidad de un veto si la ley avanza en el Senado.
La oposición le atribuyó responsabilidad al Gobierno por la falta de un proyecto de Ley de Presupuesto en 2025, situación que, según la diputada Danya Tavela, sumó un atraso histórico al sistema universitario. El debate incluyó reclamos sobre los salarios docentes y la necesidad de que la educación superior no sea considerada un gasto, sino una inversión fundamental para el desarrollo nacional.
El proyecto pasa ahora al Senado, donde sectores aliados al oficialismo anticiparon una postura crítica pero se reconoce cierto malestar interno. La aprobación en Diputados significa para Milei la antesala de una nueva pulseada con el Congreso, luego de varios vetos a normas aprobadas con amplio consenso opositor.
