La jueza Dolly Fernández condenó a prisión perpetua a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en Resistencia.
La lectura de las condenas se dio este martes en una audiencia presidida por la jueza Dolly Fernández, en el marco del juicio por jurados populares que investigó el crimen de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco.
César Sena fue considerado autor penalmente responsable del homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron declarados partícipes primarios del mismo delito.
Todos cumplirán prisión perpetua, en una decisión que se inscribe en el marco de un proceso que llevó casi tres años de investigación y juicio.
La audiencia se realizó de forma virtual, con los imputados conectados desde sus celdas, y la lectura de las penas fue breve y directa.
La jueza Fernández se limitó a fijar las condenas dentro de los márgenes previstos por el Código Penal, luego del veredicto unánime del jurado popular que ya había declarado culpables a los tres integrantes del clan Sena.
En su rol técnico, la magistrada tuvo la responsabilidad de trasladar el fallo del jurado a la sentencia formal, con penas que no admitían la posibilidad de beneficios penitenciarios como la libertad condicional.
El caso se originó en la desaparición de Cecilia Strzyzowski, una joven de 28 años que fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 en la casa de la familia Sena, ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400 de Resistencia.
Según la fiscalía, la víctima ingresó a la propiedad a las 9.15 y nunca volvió a salir, mientras que el análisis de cámaras de seguridad, registros de celulares y declaraciones permitió establecer que fue asesinada entre las 12.16 y las 13.01, en una habitación del medio de la casa.
Los investigadores consideran que la muerte tiene relación con un plan previo para eliminarla, motivado tanto por cuestiones económicas como por la intención de apartarla de la vida de César Sena.
En el cuarto donde se produjo el crimen se hallaron un colchón y una cama con manchas de sangre que dieron positivo a sangre humana, lo que reforzó la hipótesis de que allí fue cometido el homicidio.
La fiscalía también señaló que, tras el asesinato, los imputados encubrieron el crimen, eliminaron pruebas y manipularon el entorno para impedir que se estableciera la fecha y la forma exacta de la muerte.
La tesis de la investigación sostiene que el crimen se da en un contexto de violencia de género, al tratarse de una mujer que mantenía una relación con César Sena y que intentaba alejarse de un entorno familiar hostil.
A la condena del clan le siguió la definición de las penas para los colaboradores.
Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González fueron hallados culpables de encubrimiento agravado: el primero recibió cinco años y diez meses de prisión efectiva, y la segunda, cinco años de prisión efectiva.
Ambas defensas habían pedido penas condicionales y tomar en cuenta el tiempo de detención ya cumplido, mientras que las querellas reclamaron las sanciones más severas posibles.
Por su parte, Gustavo Melgarejo, casero del campo vinculado a la familia, fue condenado por encubrimiento simple a dos años y diez meses de prisión en suspenso, con una serie de pautas de conducta.
Entre estas condiciones figura la obligación de fijar residencia, no ausentarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos, bajo la advertencia de que el incumplimiento podría llevar a la revocación del beneficio.
La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien fue declarada no culpable de encubrimiento y recuperó su libertad de inmediato tras el veredicto.
La familia de Cecilia Strzyzowski, acompañada por organizaciones de derechos humanos y de mujeres, siguió el proceso desde el inicio y celebró la condena como un paso hacia la justicia.
A casi tres años de la última vez que la joven fue vista con vida, sus allegados califican la sentencia como un mensaje de que los femicidios no quedarán impunes, aunque sostienen que el dolor no se mitiga únicamente con la cárcel.
En contraste, el entorno de los Sena, ligado al punterismo político local, se mostró en silencio durante la audiencia, sin realizar declaraciones que pudieran alimentar el debate público.
Para el sistema judicial chaqueño, el caso Sena se ha convertido en un referente de persecución penal de femicidios, más allá de los vínculos políticos de los imputados.
La jueza Dolly Fernández subrayó que el veredicto del jurado popular y la fijación de la pena de perpetua reflejan la independencia del Poder Judicial frente a presiones externas.
En el marco de la audiencia, el tribunal también dejó abierta la posibilidad de revisar futuras aristas del caso, en caso de que surjan nuevas pruebas o indicios que puedan perseguirse en otros procesos.
